Autoridades sin perdón

Con el agua literalmente hasta el cuello en casi todas las regiones del norte del país y Lima bajo la amenaza de daños por las fuertes lluvias que aumentan los caudales de los ríos, la ciudadanía se vuelve a topar con el sempiterno drama, producto de la indolencia de las autoridades.

Las imágenes además de terribles o conmovedoras son indignantes. No es la primera vez que en el Perú se producen este tipo de calamidades, y sin embargo, las autoridades locales, regionales y nacionales parecen no haber aprendido nada. Autoridades que, en su enorme mayoría, estaban muy cómodas en sus casitas, mientras las de sus electores eran arrastradas o cubiertas por las aguas.

No se hicieron las obras de contención en las riberas, no hubo trabajo de descolmatación en los ríos y, lo más triste y condenable: los enormes presupuestos asignados directamente a los gobiernos subnacionales o a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios o no se ejecutaron o se ejecutaron mal. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la región Piura, donde la ciudad hasta ahora –inexplicablemente– no cuenta con un sistema de drenaje de aguas pluviales.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, de otro lado, difundió el informe sobre medidas preventivas presuntamente adoptadas en todo Lima y Callao. Y ya advirtió que en 15 distritos se observa un gran número de puntos críticos por inundaciones de los ríos Rímac, Chillón y Lurín. Es decir, los alcaldes de esos distritos incumplieron sus deberes legales de programar y ejecutar presupuesto para intervenciones de protección frente a tales inundaciones y para brindar ayuda a personas damnificadas.

Un dato escandaloso si consideramos la muy posible eventualidad de un incremento de lluvias en la costa central del país, que podrían dejar a numerosas familias –sobre todo en los sectores más vulnerables de la ciudad– en situación de riesgo extremo. Lo de esos burgomaestres merece ser investigado y sancionado. Es el colmo del cinismo, ya muy aparte de la incompetencia, pues esos presupuestos estaban asignados para obras de prevención.

Ha hecho bien la Defensoría, por ello, al instar a la Municipalidad de Lima, GORE Lima y GORE Callao a liderar una movilización de recursos humanos y maquinarias, en articulación con otros sectores y gobiernos locales, para enfrentar la emergencia.

Es hora de unir esfuerzos para que la situación no se convierta en una nueva –la enésima– catástrofe social que se podría haber evitado.