Autoridades del Ejecutivo y Judicial en choque de poderes

Pese a que ayer el Poder Ejecutivo expresó su voluntad de encontrar una solución amistosa con el Poder Judicial, respecto al aumento de sueldos de los magistrados – de nivel superior hacia abajo–, dejó también en claro que no aceptará homologar sus haberes con los de un vocal supremo.

El primero en declarar fue el ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, quien advirtió que dicho planteamiento es inviable e inconstitucional porque generaría una enorme distorsión en la caja fiscal y atentaría contra la estabilidad macroeconómica del país. Reiteró que acceder a esta demanda le costaría al Estado S/.7,500 millones.

Pero eso no fue todo. Alertó también que aplicar la propuesta de los jueces causaría inflación y obligaría al Estado a dejar de otorgar recursos a otros sectores claves del país, como Educación y Salud.

"Queremos invocar a los jueces a que la solución está en sus manos, tenemos la posibilidad de aumentar los sueldos, se pueden hacer los ajustes, pero no podemos permitir que veinte años de estabilidad económica se la vuelen de un plumazo", manifestó.

Seguidamente denunció que su sector está prácticamente extorsionado. "Como toda decisión depende del Poder Judicial, no hay forma de llegar a un acuerdo y estamos, básicamente, bajo una extorsión con órdenes de apercibimiento de funcionarios", dijo.

REUNIÓN EN PODER JUDICIALHoras después, el premier César Villanueva manifestó la disposición del Ejecutivo de buscar una solución a la paralización de los jueces.

"Todo es posible de concertar en la medida en que tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial tienen la predisposición de encontrar una solución con racionalidad", comentó.

El premier brindó dicha declaración luego de reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza. Villanueva –quien estuvo acompañado de Castilla y del ministro de Justicia, Daniel Figallo– calificó de positiva la reunión, pero reconoció que no se llegó a ningún acuerdo.

A su turno, el presidente de la República, Ollanta Humala, dijo que la solución de ese problema se encuentra en manos del Congreso. Esto al recordar que el Gobierno ha presentado un proyecto para que los aumentos de los sueldos de los magistrados sean progresivos. Según Castilla, los incrementos fluctuarían entre los S/. 1,500 y S/. 1,800 netos, como mínimo. "Hay un planteamiento del Ejecutivo al Parlamento y ahora, como dicen, la pelota está en la cancha del Congreso", manifestó.

DENUNCIAN INJERENCIALa réplica de los jueces no se hizo esperar. El primero en responder fue el presidente de la Corte Superior, Iván Sequeiros, quien –acompañado de titulares de las cortes de provincias– desmintió al ministro Castilla.

"La cifra que se está mencionando (S/.7,500 millones) es totalmente falsa. La propuesta del Ejecutivo en el tramo final llega a los 500 millones, de tal manera que resulta totalmente tendencioso decir que se requiere alrededor de siete mil millones de soles para satisfacer las demandas de los jueces", aclaró.

Respecto al planteamiento del MEF para que se aumente progresivamente los sueldos, el vocal dijo que aceptan, pero siempre y cuando no se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que la remuneración del vocal superior se equipare en un 90% con la de un supremo (ver cuadro).

"El Ejecutivo propone la modificación de la Ley Orgánica y no lo vamos a aceptar. Tenemos ya una sentencia favorable del Tribunal Constitucional. Cómo vamos a renunciar a un fallo que tiene calidad de cosa juzgada. Hemos sido lo suficientemente pacientes", advirtió.

Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema expresó también su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, pues consideró que eso significaría una intromisión. "Estas modificaciones atentan contra los derechos de los magistrados, componente esencial de la independencia jurisdiccional. Rechazamos, asimismo, la pretensión de condicionar los ingresos de los jueces de la República a la decisión de un organismo ajeno al Poder Judicial en la medida que la misma viola el principio de separaciones de poder públicos", expresó.

En el TC está pendiente de resolverse un conflicto de competencia respecto a la homologación de los sueldos, planteado por el Poder Ejecutivo en su apelación.