Si los mercados fueron el principal foco de infección durante las primeras semanas de la cuarentena, ahora lo será el transporte público, lugar de tránsito ineludible para quienes tienen que llegar al trabajo en esta etapa de reapertura. Lo inexplicable es que luego de dos meses no exista un plan metropolitano ni municipal para disminuir ese riesgo ante un momento que inevitablemente iba a llegar. En esto, al hablar de Lima, y la ATU parecen haberse lavado las manos.

Ayer el gobierno organizó intervenciones en cuatro de los principales paraderos de la Línea 1 del Metro y del , descubriendo un escenario que alertaría a cualquiera: en Caja de Agua se testearon a 151 personas y el 44% resultó positivo. En Gamarra se tomaron pruebas de descarte a 150 pasajeros y el 25% resultó positivo. En Matellini el 13% de los 179 pasajeros evaluados tenía COVID. Un número similar apareció en Naranjal. La amplia mayoría asintomáticos. Si estos son los resultados en el poco transporte formal que tenemos, donde igual la aglomeración es inevitable, ¿se imaginan el potencial contagio en buses, combis y colectivos?

Aquí la culpa no la tienen los pasajeros, a quienes injustamente se les podría tildar de “descuidados”. Caer en ese facilismo sería ocultar las condiciones del transporte público que obligadamente deben usar para llegar a tiempo a sus trabajos. Simplemente no tienen otra opción para moverse y cumplir con sus horarios. Están obligados a viajar sabiendo que el virus puede estar en el asiento del costado. Es sintomático que se haya dado una atención desproporcionada al uso del vehículo privado, que es usado por una minoría. Lima se mueve en transporte público, pero sobre esto se ha dicho muy poco, despertando recién el interés al ver a grupos de gente apiñada en paraderos a la espera de un bus. Por eso el futuro inmediato no se ve bien.

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