El estado no puede solo

El gobierno se encuentra en una encrucijada: o activa mecanismos de asistencialismo sin precedentes, utilizando los recursos públicos actuales, exprimiéndolos hasta agotarlos y dejando al país en una situación muy precaria, o los activa con ayuda de quienes han acumulado riqueza durante décadas de bonanza. No hay muchas más opciones. Lo que no puede ocurrir es que los peruanos que no mueran por el virus mueran de hambre.

Según el último dato de Ipsos, 42% de peruanos se ha quedado sin trabajo y sin ingresos. Este nivel de desempleo inevitablemente es una olla de presión que fácilmente podría derivar en un desborde social. Aun liberando parcialmente ciertos sectores críticos para la economía, necesitaremos medidas extraordinarias para atender las penurias actuales y venideras, que recaen con más fuerza en los que ya se encontraban menos favorecidos.

En este contexto, de demandas infinitas y escasos recursos públicos, la batalla contra la pandemia no puede darse sin la ayuda de las inmensas reservas de quienes han logrado acumular patrimonio durante décadas de crecimiento desigual. Si solo la fortuna del peruano más rico equivale a casi 15 millones de salarios mínimos, no se justifica que familias pasen hambre habiendo de dónde sacar recursos. Argentina, Colombia y Uruguay tienen impuesto al patrimonio, y Chile aprobó uno recientemente para ingresos mayores a US$14,000 mensuales.

No es justificable que se prefiera imponer una multa a un comerciante pobre que salió a vender para sobrevivir a buscar formas de tributar de la riqueza o el patrimonio acumulado de unos pocos. Sería un error proteger a los ricos de las urgencias de los pobres. Más bien, se les debe incluir en un programa de salvataje nacional para que cofinancien la estrategia de combate, sobre todo porque la realidad se parece a una guerra, y las guerras requieren nuevos impuestos.