Atropello mafioso

Cuando parecía que le estábamos ganando terreno a la informalidad en el transporte urbano, lo ocurrido con el atropello a la inspectora de la ATU y la casi inmediata liberación del prontuariado chofer que casi la mata nos volvió a la realidad –si se nos permite la metáfora– con la violencia de un frenazo en seco.

Es un verdadero escándalo que este malhadado negocio continúe prosperando sin ningún control sobre vehículos inadecuados a simple vista y con choferes y empresarios deshonestos que han hecho de la impunidad un lucrativo modo de vida. La imagen que dejan las autoridades es además pobrísima, como si estuvieran desarmadas ante lo que ya es una amenaza pública que debe terminar, no mañana o pasado, sino hoy mismo.

Aquí la batalla, que definitivamente se está perdiendo, debe retomarse con energía y decisión hasta en tres frentes. Primero, en el Congreso, donde este negocio a todas luces ilegal cuenta con activos, persuasivos lobbies y hasta un representante propio (Luis Carlos Simeón Hurtado) en la variopinta bancada, cuándo no, de Acción Popular. Los legisladores deben impedir la promulgación de leyes que, por ejemplo, extiendan las licencias a las llamadas “combis asesinas” como las que se han venido promoviendo.

Por otro lado, está la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), a la que se debe exigir mayor rigor en su función fiscalizadora, pero a la que también se le debe apoyar con recursos adecuados para que no esté tan indefensa ante las agresivas mafias del volante. Mafias que, por si fuera poco, se las arreglan asimismo para que sus afiliados salgan indemnes de cada enfrentamiento con la ley, en complicidad con el Poder Judicial –tercer frente donde librar esta batalla–, que, ante el estupor de la opinión pública, contribuyó ayer a la liberación al chofer que, sin licencia de conducir y con más de 30 mil soles en papeletas pendientes, atropelló a la funcionaria Jackelin Rosales.

El fiscal Fredy Sueldo Quiñones demoró en poner a disposición del juez al chofer que protagonizó el atropello y ahora está siendo investigado por la Oficina de Control Interno del Ministerio Público; ante su propia lenidad y negligencia –además del pretexto burocrático de un magistrado que no aceptó la denuncia– dejó en libertad al piloto de la combi asesina. Esto tiene que parar.