Como se anticipaba desde un inicio, este gobierno ha optado por aferrarse a la bandera electoral de la Constituyente, acaso como una evasiva para desviar la mirada pública de su menesterosa gestión. Además, ha optado por enfrentarse a un Congreso profundamente deslegitimado (con 68% de desaprobación, según la última encuesta de Ipsos): en un tuit publicado el domingo, el presidente Castillo le atribuye un afán antidemocrático e inconstitucional al Parlamento al aprobar la ley que establece límites para la convocatoria a referéndum e insiste en que el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional para revertir la norma.