Arresto domiciliario

Carlos Morán

El ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que recién han conocido sobre el pedido de videovigilancia tras las declaraciones de Pablo Sánchez sobre César Hinostroza. (Foto: GEC)

El ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que recién han conocido sobre el pedido de videovigilancia tras las declaraciones de Pablo Sánchez sobre César Hinostroza. (Foto: GEC)

Mónica Delta
Mónica Delta

Sorprendente la invocación del ministro del Interior, Carlos Morán. Para que no se escapen de las investigaciones en el escándalo Lava Jato, que envíen a todos a un arresto domiciliario. En la conversación que sostuvimos en RPP, en la que lanzó la “recomendación a los fiscales”, dijo que eso era para que no haya casos como el del ahora prófugo ex gobernador del Callao Félix Moreno.

Entonces, la pregunta es si la sugerencia del ministro es pertinente. ¿Todos los investigados de la corrupción de Odebrecht deberían ser arrestados en sus domicilios? ¿Cuántos policías, cuántos turnos, cuánto presupuesto se destinaría para mantener “presos en sus casas” a los peces gordos de la corruptela?

Recuerdo que en 2017 se discutió sobre los arrestos domiciliarios a propósito de un ranqueado criminal alias ‘Pato Ciego’ que salía y entraba de su casa sin ningún empacho. Conclusión: corrompía al policía de la puerta o esperaba el cambio de turno y el “delincuente” se movía con absoluta impunidad. Cuando ese episodio se registró, se hablaba de cerca de 240 arrestos domiciliarios de “alta peligrosidad” en los que el 95% no se cumplía. Entonces, ¿estas declaraciones han sido para “la tribuna” que pide “sangre” o porque verdaderamente podría ser una medida estudiada, que permitiría que disminuyan las “fugas” de los acusados?

La alerta y la activación de protocolos para evitar las fugas por fronteras y aeropuertos porosos es responsabilidad de la Policía. No busquemos titulares, sino que cada institución cumpla con lo que le toca. A la Fiscalía le toca apurarse con los indicios probatorios y al Poder Judicial la evaluación de las pruebas, acusaciones y sentencias para los culpables. Lo demás es politiquería barata.

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