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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Cuando Dilma Rousseff juramentó a Lula como 'superministro' con amplios poderes de Brasil, en una decisión que lo blindaba de cualquier investigación, intensificó la sombra de sospecha de corrupción que recae sobre él por el caso Petrobras (Lavajato) y desencadenó, sin habérselo propuesto, un ambiente político, jurídico y social que podría implicar su pronta salida del poder y un eventual final de las intenciones del ex mandatario de volver a la presidencia.

Luego de que diferentes jueces a nivel federal (regional y provincial) se pronunciaran sobre el derecho o no de Lula de detentar un cargo público, un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Gilmar Mendes, determinó que Da Silva no puede ejercer un cargo político que le otorgue protección ante los procesos de lavado de dinero y falsificación que se le imputan. Esa misma semana, el juez Sergio Moro, encargado hasta esta semana de la investigación, divulgó el audio de una conversación telefónica en el cual Dilma le indicaba a Lula que "en caso de emergencia" utilizara un documento que le envió.

El nombramiento frustrado de Lula como ministro y este audio acercan a Dilma a una posible destitución parlamentaria (impeachment), acusada de haber maquillado las cuentas públicas en 2014 y 2015, cuestión que se le complicó tras la deserción de partidos políticos de la alianza con el PT.

Culminó el 'canto de cuna' (lullaby, en inglés) que significaron el dulce crecimiento de la popularidad de Lula y Dilma, quienes podrían tener que decir bye (adiós) mientras que la economía brasileña empeora y las cercanas Olimpiadas de Río de Janeiro pudiesen ser una vitrina mundial de la inestabilidad del país cuya bandera se jacta de "orden y progreso".