(Foto: EFE)
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El miércoles el Senado argentino aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Como era de esperarse, ardió Troya. Las redes se desbordaron con discusiones maniqueas y viscerales. Tuits categóricos. Furibundos. Premonitorios. No pudo faltar, por supuesto, la clásica polarización entre conservadores y liberales, entre derecha ‘reaccionaria’ e izquierda ‘asesina’.

Pero entre toda esta chanfaina de ideas desinformadas e ideologizadas, muchos se olvidaron de que el aborto, antes que un problema moral, es uno de salud pública. Guardemos, por favor, la gazmoñería para otro momento y abordemos el tema con evidencia en mano. Lo que está en juego es la vida y salud de muchísimas mujeres.

El aborto es una realidad ineludible, independiente de interpretaciones ideológicas o morales. Criminalizarlo es obviar lo evidente, y dejar que miles de mujeres mueran o pongan en riesgo su salud por someterse a procedimientos clandestinos en los que no existen las mínimas condiciones. Y si bien esta práctica es transversal a todos los niveles socioeconómicos, las mujeres con menos recursos son las más expuestas a prácticas inseguras y a ser criminalizadas. Por ende, la legalización es también un asunto de justicia social, de equidad.

En el Perú, el 19% de mujeres dice haber abortado (Promsex-PUCP 2018), la mayoría de bajos recursos, y se estima que todos los años más de 350 mil decide hacerlo (Flora Tristán). No sabemos con certeza cuántas mujeres mueren por realizarse abortos; lo que sí sabemos es que en Latinoamérica una de cada 10 muertes maternas es atribuible a esta práctica (Instituto Guttmacher). Tener esta información y no hacer nada es simplemente intolerable.

Si queremos que no haya abortos, la solución no es penalizar, sino más bien apostar por una educación sexual extendida (olvidémonos de la ideología de género, por favor). Según la OMS, en los países en los que esta práctica se permite –y en los que hay acceso a información y a métodos anticonceptivos–, las tasas de aborto son más bajas. Se trata, a la postre, de salvar vidas.

Es momento de que el Perú, inspirado en el ejemplo argentino, ponga el tema en el debate público. No podemos seguir postergándolo.

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