APP contra la economía

La congresista Rebeca Cruz, de APP, ha presentado un proyecto de ley para modificar el capítulo económico de la Constitución. Se trata de agregados aparentemente bienintencionados que introducen discrecionalidad para permitir que el Estado intervenga (más) en la economía, siempre que hubiera consideraciones al bien común que lo justifiquen.

Se suele atribuir a Hayek la idea de que todo sustantivo al que se le agregue el adjetivo “social” se convierte en su contrario. Ejemplo: “justicia social” suele implicar injusticia individual. Los 50 años de la Reforma Agraria velasquista así nos lo recuerdan (sin que ello implique idealizar el régimen agrario previo; el gamonalismo en la sierra era indefendible).

El proyecto está lleno de pomposas y barrocas manifestaciones de buenismo socializante. A eso hay que agregar, como ha documentado El Comercio, que la exposición de motivos está plagada de falacias sobre el modelo económico actual: afirma que generó pobreza y desigualdad, cuando hizo lo contrario, según está indiscutiblemente documentado.

La pregunta que se cae de madura es: ¿por qué APP, un partido que no es de izquierda (tampoco “de derecha”), promueve este despropósito, con firma del expremier de este gobierno César Villanueva? ¿Es casual que esto venga inmediatamente después de que el ministro de justicia, Vicente Zeballos, defendiera la (inconstitucional) actividad empresarial (no subsidiaria) del Estado? ¿Podría ser esta la siguiente gran reforma del Gobierno, cuando la judicial y la política dejen de prodigarle puntos de aprobación? ¿Ameritará la siguiente cuestión de confianza? Para evitar suspicacias, bien haría el presidente Martín Vizcarra en rechazar explícitamente este proyecto.