Apoyo y reivindicación

“Quizá sea este entonces un buen momento para replantearnos la pertinencia general de estas comisiones, que actúan muchas veces como brazos de intereses políticos y no del derecho a la justicia”.

Gustavo Gorriti

Gustavo Gorriti fue uno de los periodistas que firmó el reportaje que revela coordinaciones de Odebrecht para pagar US$100 mil a favor de Alan García. (Foto: USI)

Apoyo y reivindicación. (Foto: USI)

Augusto Rey
Augusto Rey

Como ya parece ser tradición en nuestro país, cada semana termina más agitada que la anterior. Esta en particular, en relación con las declaraciones de Atala y el hijo de Nava, que llevaron a un sorpresivo repliegue de quienes hasta hace una semana se inmolaban por el expresidente García, deja algunas tareas y reflexiones.

La primera es que el apoyo y la solidaridad con los periodistas que lograron revelar las redes detrás de la corrupción vinculada a Lava Jato deberían ser bastante más contundentes. Varios de ellos han sufrido de un hostigamiento insano. En especial, en las últimas semanas, funcionarios y políticos han culpado explícitamente al equipo de IDL-Reporteros, sobre todo a Gorriti, por el suicidio del expresidente García, una decisión que fue trágica, pero tomada y ejecutada por él mismo y nadie más. En un contexto como el actual, declaraciones de ese tipo son terriblemente irresponsables, peligrosas e incompatibles con algo que siquiera se asemeje a un Estado de derecho.

La segunda es la reivindicación que esto supone para excongresistas que investigaron el caso Odebrecht y fueron por ello empapelados legalmente y atacados tanto verbal como físicamente. Así, por ejemplo, buscando justificar las “omisiones” de su propio trabajo, la congresista Rosa Bartra afirmó que el informe de Juan Pari no menciona responsabilidad de Alan García y que la megacomisión liderada por Sergio Tejada lo exculpó, algo que ha sido desmentido con evidencia.

Quizá sea este entonces un buen momento para replantearnos la pertinencia general de estas comisiones, que actúan muchas veces como brazos de intereses políticos y no del derecho a la justicia que tiene la ciudadanía, como lo demostró el informe Lava Jato, un verdadero desperdicio de tiempo y dinero.

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