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Carlos Meléndez,Persiana AmericanaHacer un trámite tan sencillo como obtener un certificado de antecedentes policiales, demuestra la disfuncionalidad del Estado peruano. El viernes fui a una agencia del Banco de la Nación para hacer el pago requerido como requisito. Con el comprobante y la ficha respectivos, acudí a la comisaría de mi barrio, en Zárate, a solicitar dicho documento.

Primera sorpresa: no todas las comisarías hacen esa gestión. Me sugirieron ir a la estación policial más "cercana" (La Huayrona, en SJL), donde podrían proceder con mi solicitud. Para corroborarlo –un ciudadano peruano siempre se las huele mal–, verifiqué por Internet si en tal delegación sería posible. El Portal de Servicios al Ciudadano lo confirmaba.

Al día siguiente, fui a La Huayrona, donde un gentil oficial me dijo que era imposible tramitarlo allí. "Desde hace una semana las comisarías ya no emiten antecedentes policiales; lo que sucede es que no todas las comisarías lo saben" (sic) –como la de Zárate o el desactualizado sitio oficial.

En el futuro incierto, averigüé, este trámite se hará directamente en el Banco de la Nación; mientras ello suceda, solo quedan dos opciones para todo Lima: ir hasta Plaza Norte (Fiori) o a la sede policial de Aramburú (Surquillo). En este último caso debía esperar ya al lunes. Así que, mientras usted lee esta columna, yo debo continuar el frustrante trámite para conseguir una simple constancia que, en otros países (Ecuador), se consigue por Internet, con fiabilidad e inmediatez.

Muy pocos toman este tipo de experiencias con ánimo etnográfico. Por el contrario, por la repetición de estas historias, el ciudadano peruano acrecienta su desconfianza e insatisfacción con el Estado, le da la espalda y agudiza su informalidad.