Un año electoral

“Uno de los principales problemas que debemos enfrentar es la falta de presencia del Estado y la limitada capacidad de gestión pública en todos los niveles de gobierno”.

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JNE. (Perú21)

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Maria Cecilia Villegas
Maria Cecilia Villegas

El 2018 es un año electoral, y todo indica que será bastante difícil, bajo la sombra de duda creada por Lava Jato y los cientos de escándalos de corrupción y prisiones preventivas. Este año deberemos elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,874 alcaldes distritales, además de regidores provinciales y distritales.

Ellos deberán tomar las decisiones sobre el desarrollo del país a nivel subnacional entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022. Decidirán qué proyectos de infraestructura sacan adelante, cuáles inversiones aprueban, decidirán también si permiten el libre desarrollo de las inversiones privadas o, como vienen haciendo, les imponen barreras.

De ellos dependerá si la corrupción sigue siendo la moneda corriente en el Perú. En 2018, el presupuesto nacional para los gobiernos regionales fue de S/25,751 millones y para las municipalidades, S/16,025 millones.

De estas autoridades dependerá el bienestar de los ciudadanos de sus distritos, provincias y regiones.

¿Por qué es importante? Porque uno de los principales problemas que debemos enfrentar es la falta de presencia del Estado y la limitada capacidad de gestión pública en todos los niveles de gobierno.

Esta incluye debilidades en los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión y compras públicas, así como en la gestión de los recursos humanos y monitoreo del gasto público.

Esta falta de capacidad en la gestión del gasto público lleva a que la brecha en infraestructura para el periodo 2016-2025 haya sido estimada en US$159,549 millones (AFIN 2015).

Por un lado, la falta de acceso a infraestructura impide el crecimiento de la economía al limitar el desarrollo del sector privado. Y, por el otro, tienen un impacto directo en el acceso de los ciudadanos a infraestructura y servicios, lo que les impide tener necesidades básicas satisfechas.

En el Perú, el 22% de la población vive debajo de la línea de la pobreza, con menos de S/328 per cápita, por día el 45% de los peruanos que viven en el área rural presenta déficit calórico, lo que significa que su alimentación es inferior a la mínima de subsistencia.

El 40% de la población rural no tiene acceso a agua por red pública y el 55% no tiene acceso a saneamiento. Estos ciudadanos necesitan del Estado para satisfacer sus necesidades básicas y el Estado peruano ha sido incapaz de atenderlos.

Quiénes lleguen al poder, cómo lo hagan y para qué dependerá de cada uno de nosotros.

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