Suicidio económico

Es inaceptable que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, haya decidido revisar la licencia de uso de agua de la mina Quellaveco cuando esta operación ya contaba con todos los permisos de ley y estudios técnicos.

El solo hecho de anunciar la revisión de un proyecto que ya invirtió más de 5 mil millones de dólares y que ya se encuentra en operación, es prueba de la ineptitud y la falta de coherencia dentro del Ejecutivo, pues incluso hasta hace poco el propio premier Aníbal Torres se había pronunciado a favor de la inversión en el sector.

Esto no solo desalienta al empresario privado local, sino que también genera zozobra en los posibles inversionistas extranjeros, que buena falta hacen al país. Además, en este caso afecta a una operación reconocida por los estudiosos y especialistas en actividades mineras como ejemplar en su cuidado del medio ambiente. El pretexto de que les van a contaminar las tierras o a quitarles el agua a los agricultores de la zona –recurrente caballito de batalla en estos conflictos con la población presuntamente afectada– es insostenible científicamente. Una acusación sobre la que ninguno de los belicosos dirigentes ha presentado hasta ahora evidencia creíble.

La decisión de Pedro Castillo de poner esta espada de Damocles sobre Quellaveco se produjo después de recibir en Palacio a dirigentes antimineros de Arequipa, que antes ya han saboteado y bloqueado un proyecto tan importante para la economía nacional como es Tía María. Contradiciendo incluso a su propia ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, que no tardó en responder a la arbitraria medida presidencial insistiendo en que absolutamente todos los estudios y exigencias de ley habían sido cumplidos por la empresa.

Lo que está en juego con esta mina es incalculable, para el país, para la economía y para Moquegua, que, a través de su gobernador y casi todas sus autoridades locales, ha exigido al gobierno respetar los acuerdos y dejar que la operación continúe.

Parar Quellaveco, en circunstancias tan difíciles para el Perú, sería un suicidio económico que no tiene ninguna justificación. Y seguramente lo terminaremos pagando todos los peruanos. El desgobierno no puede continuar.