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Redacción PERÚ21

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Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com

Si estás ante la delincuencia de muy poco servirá cómo te apellides o qué profesión ejerzas; y si luego buscas justicia en el Estado, pues más te vale ser pariente de un juez o fiscal, porque de lo contrario el vía crucis será eterno.

Por supuesto, cuanto más recursos económicos y sociales tengas, en un país de marcadas desigualdades como el nuestro, menores riesgos corres. Sin embargo, libre no estarás. Y es que esa es la peor cara de nuestra precaria realidad institucional: nuestro marco institucional, siendo disfuncional para todos, lo es en mayor medida para los más necesitados.

Imaginemos un caso (el robo de un celular) en dos estereotipos laborales: ante el hecho, un ejecutivo contemplará los costos asociados de seguir incomunicado y el costo de reposición del equipo celular; optará, sin duda, por comprar uno nuevo y olvidarse del tema.

Ante el mismo suceso, una persona de magros ingresos tendrá que tomar decisiones importantes: primero, no podrá acceder a la justicia. El hurto o robo sólo se considera punible a partir de un monto que, para algunos no es significativo, pero para otros representa una porción significativa de sus ingresos. Segundo, sus costos de oportunidad son mayores: ese gasto pudo derivarse en mejorar la educación, la salud o el transporte, suyo o de terceros. La sensación de impotencia es, qué duda cabe, mayor.

Cuando hablamos de instituciones inclusivas nos referimos a esto y mucho más, pero en el fondo es buscar que el trato del Estado sea igual para todos, sin discriminación alguna. Sólo así aseguraremos que los derechos y responsabilidades se asienten como cánones sociales, aceptados universalmente.

Todos somos "ancashinos" ante la inseguridad, pero no todos tenemos el mismo conjunto de respuestas del Estado frente al problema.