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Santiago Pedraglio,Opina.21Con la orden de detención de 29 personas por un supuesto vínculo con el asesinato de Ezequiel Nolasco, emitida por el Tercer Juzgado Penal Nacional, se ha abierto lo que debe resultar en una investigación, no por demorada, menos ejemplar. No hay que olvidar que César Álvarez, presidente del Gobierno Regional de Áncash, ocupa el cargo desde hace 7 años: cuatro del gobierno aprista y casi tres del actual. Sin duda, tardó mucho la decisión de investigarlo en serio.

Los sistemas mafiosos –que recuerdan el organizado por Fujimori-Montesinos– tienen su origen y fortaleza en el control del poder político, el uso discrecional del dinero del Estado y la constitución de una red que, en el caso de Áncash, involucraría a policías en retiro, periodistas, sicarios e incluso fiscales.

Pero no hay que considerar que es un problema de "provincias", del centralismo o de la descentralización: la cuestionada gestión edil del distrito de San Juan de Lurigancho es una muestra de que también es un asunto limeño, originado en debilidades institucionales, falta de respeto por lo público, anémico funcionamiento de los sistemas de control y el desinterés generalizado por el ejercicio de la política como servicio público.

Por ello, es crucial que la investigación concluya antes de las elecciones, y que no se pierda la oportunidad de darle un duro golpe a este amenazador modelo de organización. Cabe recordar que la ONPE y el JNE publicaron hace unas semanas un SOS pidiendo apoyo del Ejecutivo para controlar el uso de dinero mal habido en procesos electorales.

Si se comprueba que los investigados han estado involucrados en asesinatos y si la investigación se amplía a otros ámbitos del manejo de los recursos en Áncash, servirá de advertencia a futuras autoridades; será un modo de decirles que el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía no conciliarán con el crimen y la corrupción organizados.