(Pablo Vilcachagua)
(Pablo Vilcachagua)

¿Qué hacemos con un gobierno cuyos representantes no conocen las facultades ni las limitaciones que tienen? ¿Dónde quedan las instituciones cuando el gobierno prefiere convertirse en el amigo favorito de todos antes que gobernar?

Hace unos días, el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua convocó a un paro en la provincia de Mariscal Nieto cuyo objetivo era dejar sin efecto el incremento de las tarifas de agua y saneamiento aprobadas por la Sunass, ente regulador autónomo. Este incremento, como señala Fernando Cáceres (EC 25.4.18), “fue dispuesto tras un estudio tarifario para el quinquenio regulatorio 2018-2022, que incluía fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión (continuidad, medición, etc.), y que había sido oportunamente publicado y objeto de una audiencia pública”. 

El grupo de manifestantes estaba integrado por comerciantes, que durante el paro se quejaban de la poca participación de la población. Lo que demuestra que no se trataba de una protesta masiva. El primer ministro Villanueva reaccionó raudo y anunció que había coordinado con el directorio de Sunass y que el aumento sería dejado sin efecto. “Denme 30 días y sacamos una resolución modificando las tarifas”. Pasando por encima de la Sunass, que es precisamente autónoma para evitar presiones políticas, como esta. El costo de esta gracia: S/2 millones (Bonifaz EC 4.5.18).

El mismo intrépido premier les habría prometido a los pescadores derogar en 10 días los decretos que autorizan la exploración de hidrocarburos en el mar peruano, otorgados en vísperas de la renuncia del ex presidente Kuczynski, en respuesta a una huelga iniciada el 27 de abril por pescadores de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Promesa hecha sin mediar análisis técnico y económico alguno que sustente dicha derogación.

Semanas antes, el MTC, bajo el ex ministro Bruno Giuffra, dejó sin efecto el cobro del peaje de la concesión del tramo II de la IIRSA Centro, instalado en Ticlio porque un grupo de transportistas de La Oroya y Junín convocaron a un paro. Y así a la fuerza se modificaron los términos de un contrato.

Tres ejemplos de cómo el Ejecutivo cede frente a grupos de interés organizados. El gobierno debilita aún más la institucionalidad del país. No priman las decisiones basadas en estudios técnicos, prima el miedo a que me hagan una huelga. En el camino se confunde ceder con negociar, en una carrera sin rumbo fijo donde gana el retroceso del país y la informalidad.

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