Amenaza contra la libertad de expresión

La sentencia en primera instancia contra Pedro Salinas por supuesta difamación contra el monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, y figura central del Sodalicio de Vida Cristiana, es un abuso y amenaza a la libertad de expresión que sienta un peligroso precedente. Las razones que sustentan la condena no tienen contundencia legal y parecen, más bien, el resultado de la presión e influencia que solo la sotana de un obispo puede ejercer.

Para quienes no están al tanto, Pedro Salinas (y Paola Ugaz) fueron querellados por el monseñor Eguren por opiniones que dieron en una columna y unos cuantos tuits que básicamente son una continuación de la diligente investigación publicada por ambos periodistas en Mitad monjes, mitad soldados tres años atrás, en la que revelaron los abusos sexuales cometidos dentro del Sodalicio.

La denuncia de marras tiene todo para ser entendida como la venganza judicial de una de las personas más poderosas del Sodalicio, una organización sobre la que existen pruebas de sobra para pensar que sistemáticamente ha encubierto abusadores. Esta ha sido la crónica de una condena anunciada desde el primer día, cuando la jueza a cargo del caso aceptó la demanda. El proceso ha sido exprés y, además, se vio en Piura, a 1,000 kilómetros de donde vive Salinas, lo que limitó tremendamente su defensa. Lo mismo está sufriendo Paola Ugaz, quien aún está a la espera de que la denuncia presentada contra ella por Eguren se mueva a Lima.

Esta no solo es una afrenta a libertad de expresión, sino contra el periodismo de investigación que cumple un rol fundamental a favor de la verdad y el necesario contrapeso al poder. Toda la solidaridad con ambos y el repudio a quienes están detrás de esto.

En vez de atacar a periodistas, el Sodalicio debería denunciar a abusadores.