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Bajo amenaza

Ministerio de Justicia

Bajo la lupa. El Minjus participa en el diálogo en Las Bambas.

Bajo amenaza. (GEC)

Minjus

Cecilia Valenzuela
Cecilia Valenzuela

La presencia del abogado Pedro Paulino Grández Castro en la dirección general de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia es altamente cuestionable. Como consta en el padrón de antecedentes de la PNP, Grández Castro registra antecedentes policiales por terrorismo.
Hace una semana, cuando lo advertimos, el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Sánchez, rechazó que su despacho haya contratado a alguna persona sancionada por terrorismo, pero solo ofreció los argumentos de Grández como descargo. Por su parte, Grández envió a nuestra redacción una carta notarial en la que afirma que recurro “a una información sobre un suceso arbitrario ocurrido en su agravio hace 28 años” y tipifica mi cuestionamiento como “un supuesto de difamación”; en otras palabras, amenaza con enjuiciarme.

El funcionario al que le han encargado los asuntos del Estado peruano en materia de derechos humanos en las cortes nacionales e internacionales exige que la prensa pase por alto sus antecedentes y amenaza cuando se cuestiona su pasado.

Quizá Grández quiere evitar que se le pregunte sobre la pericia grafotécnica que se le practicó a solicitud de la Dircote después de que él negara que el manuscrito que le encontraron al detenerlo era de su autoría.

Además de literatura maoísta y tres ejemplares de El Diario, Grández tenía, cuando lo detuvieron, un resumen doctrinario con indicaciones y seudónimos de integrantes del Movimiento Juvenil, un organismo generado de Sendero Luminoso que cumplía el objetivo de capacitar a estudiantes universitarios para que adoctrinen en las Escuelas Populares y capten “nuevas masas”. La coartada del Movimiento Juvenil entonces fue el órgano de fachada conocido como ‘Círculo de Estudios Base San Marcos’.

En el atestado número 228-D1 Dircote, se lee que, después de realizado el peritaje, el resultado dio positivo “habiéndose establecido que provienen del puño gráfico del antes mencionado, conforme la conclusión del dictamen pericial de grafotecnia N° 1806/91, la misma que se adjunta al presente documento”, dice textualmente.

El día de su detención, a Grández también se le incautó un carné de la Universidad Guzmán y Valle La Cantuta con otro nombre pero con su fotografía, aunque él estudiaba Derecho en la Universidad de San Marcos.

En la carta enviada a Perú21, Grández admite que fue detenido, pero a propósito de una arbitrariedad, que estuvo secuestrado por tres días en un cuartel militar y que fue el órgano judicial el que corrigió la flagrante detención. También, me fustiga, dice que “teniendo en cuenta (mi) dilatada experiencia periodística, no (me) puede ser ajena la ligereza con la que se producían este tipo de documentos oficiales en la época de los hechos”.

¿Sugiere Grández que la Dircote, la Dirección Contra el Terrorismo, que en el año de su detención, 1991, realizaba una extraordinaria labor, que incluyó la captura de Abimael Guzmán y su cúpula asesina, le fabricó pruebas?

Lo que mi dilatada experiencia periodística me permite recordar, en cambio, son los organismos generados por SL para extender su brazo legal a favor de sus seguidores. Recuerdo que los abogados democráticos, por ejemplo, hacían lo que les daba la gana en el órgano judicial, intimidando a jueces o atentando contra ellos para liberar a sus cómplices.

¿Por qué no puede Paulino Grández, como lo conocían sus compañeros del salón 248 de la Facultad de Derecho de San Marcos, hacerse responsable de lo que hizo? Negar las ideas que compartía cuando las expuso ampliamente, y por años, frente a sus compañeros de clase es absurdo. Él puede, por supuesto, tener un currículo académico interesante, ejercer y trabajar, pero no puede ser el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

El Estado no puede distraerse. El ministro Vicente Zeballos tiene que responderle a la sociedad.

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