(Fotos: Archivo de GEC)
(Fotos: Archivo de GEC)

En la sesión plenaria de hoy viernes se debatirán dos informes importantes tanto para el Congreso, cuyo mandato expirará en julio, como para el que se instalará con el cambio de mando, ese mismo mes.

Uno de los informes plantea la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años al expresidente Martín Vizcarra. El otro, la acusación constitucional por enriquecimiento ilícito contra el excontralor Edgar Alarcón. Ambos personajes son además enemigos jurados desde la época de las primeras denuncias sobre supuestas irregularidades en el proyecto del aeropuerto de Chinchero, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

De poco le servirá a Vizcarra haber resultado el postulante más votado para acceder al Parlamento en las recientes elecciones, pues en opinión de la Subcomisión y la Comisión Permanente las infracciones constitucionales en que habría incurrido al vacunarse subrepticiamente son graves.

La investigación sobre la conducta del expresidente, como se sabe, incluye asimismo a las exministras de Salud y Relaciones Exteriores, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, respectivamente, quienes también se aprovecharon del lote de vacunas que envió el laboratorio chino Sinopharm para los ensayos de fase III que realizó en el Perú durante el 2020.

En el caso del líder de la bancada antaurista, Edgar Alarcón, quien ha venido dilatando el proceso con toda clase de argucias legalistas y administrativas, incluyendo un astuto cambio de abogado al último minuto, deberá afrontar una denuncia constitucional por delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito agravado, presuntamente cometidos cuando se desempeñó como Contralor General de la República

Paradójicamente, el destino de estos dos encarnizados adversarios políticos continuará ligado, esta vez por una más que segura condena que puede significar el comienzo del final de sus carreras políticas.