"Se sabe que Odebrecht pagó sobornos del 2005 al 2014", dijo Enco. (Luis Centurión/Perú21)
"Se sabe que Odebrecht pagó sobornos del 2005 al 2014", dijo Enco. (Luis Centurión/Perú21)

Su oficina en la Procuraduría Anticorrupción se ha convertido en su casa. pasa, desde el 13 de diciembre último en que fue nombrado, todo el día allí. Desde la silla de su escritorio, en la que por fin logra sentarse a las 7 y 30 de la noche, nos cuenta los primeros pasos que tomará desde la dirección del nuevo grupo formado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para revisar el caso de corrupción Lava Jato.

¿Cuáles serán las primeras acciones que tomará?Lo primero es lo que ya estamos haciendo: fortalecer el área de litigio contratando a una serie de especialistas en materia penal y en contrataciones del Estado para armar un equipo que trabaje de manera exclusiva en el caso Lava Jato. A partir de allí, analizar toda la información que se tiene en la Procuraduría, revisar los expedientes que están en giro en la Fiscalía, complementando información, articulando diligencias que se encuentren pendientes… Hay mucho por hacer. Tenemos que establecer una estrategia de defensa legal, porque ya se conoce la magnitud del problema.

¿Cuál es la magnitud?Tenemos ya un marco temporal. Se sabe que Odebrecht pagó sobornos del 2005 al 2014. Y se sabe que solo esta empresa se ha adjudicado más de 40 proyectos de inversión. Ese es un dato importante. Hay que investigar y analizar la información de todos esos procesos de inversión. Vamos a recabar información de la Contraloría, del Congreso, y también de los ministerios involucrados. Ellos deben tener los expedientes de los proyectos que están en proceso de ejecución o los que ya se han ejecutado.

¿Ha tomado contacto con las autoridades de Brasil?No, pero está dentro de las tareas el programar un viaje a Brasil lo más pronto posible. Eso depende de los trámites administrativos.¿Se llevará a cabo alguna acción contra Odebrecht en Perú en este momento?Ahí hay dos ámbitos. Primero el legal en el que, a medida que las investigaciones avancen, la Procuraduría va a accionar. Vamos a interponer las medidas cautelares necesarias para evitar que los actos ilícitos sigan ocurriendo.

¿Una de las acciones podría ser que Odebrecht ya no opere en el Perú?Podría ser, o por ejemplo suspender sus actividades y sus contrataciones. Eso lo vamos a estudiar. Y a nivel administrativo corresponde a cada entidad pública, que tiene bajo su responsabilidad supervisar la ejecución de las obras comprometidas, adoptar los mecanismos respectivos.

¿A qué se refiere?Hay contratos de por medio. Tendrá que analizarse si existen causales que hagan posible la rescisión de los contratos por tener como fuente un acto ilícito.

¿Contratos que aún no se ejecutan?Claro, o inclusive los que están en proceso de ejecución, porque están en una fase de cumplimiento de obligaciones. Hay que revisar los contratos, las cláusulas a las cuales han arribado, y tomar medidas administrativas.

¿Cuándo la Procuraduría decidirá qué acciones tomar?Primero, tenemos que instalar el equipo de trabajo. La primera semana de enero ya estará funcionando. A partir de allí, estableceremos, dentro de las estrategias legales, todas las medidas que sean necesarias para cautelar los intereses del Estado.

Usted dijo que los US$29 millones que Odebrecht aceptó haber dado en coimas eran un monto menor al real.Odebrecht supera en ejecución presupuestal para el caso peruano los US$12 mil millones, y se habla de un beneficio de US$140 millones. Por eso, consideramos que esta es una cifra que no representa el total de dinero mal habido que se habría producido en estos casos. Y aquí hay otras obras en las que han participado otras empresas brasileras.

En casos de gran corrupción como este, ¿están involucrados políticos de alto rango?Estos megaproyectos definitivamente han implicado la toma de decisiones de funcionarios de alto nivel. Eso es clarísimo. El trabajo es determinar quiénes fueron. Los procuradores tenemos el deber de defender los intereses del Estado. Vamos a impulsar todas las acciones legales necesarias para que se establezcan los hechos y se sancione a quienes estén comprometidos independientemente de quienes sean y de la época en la que prestaron servicios al Estado. No debe existir impunidad.

¿Este caso debe marcar un antes y un después en la lucha anticorrupción?Eso pensábamos de la época de Fujimori-Montesinos, en la que nos quedamos sorprendidos por los niveles de corrupción que involucraron incluso a un presidente de la República. Nosotros pensamos que eso ya no iba a pasar y ahora nos damos cuenta de que el trabajo de la lucha contra la corrupción no puede bajar la guardia.

¿Ha bajado la guardia?Creo que, en ciertos momentos, se ha descuidado la lucha contra la corrupción. Se han debilitado instituciones importantes. Existe la necesidad de que nuevamente se establezca un sistema judicial anticorrupción.

¿Un procurador general?Tener un procurador general es importante. Le daría solidez institucional, independencia, autonomía en términos funcionales y presupuestales. Esa sería una buena forma, un buen mensaje, de lucha contra la corrupción.

Autoficha

  • "Soy abogado de la Universidad de San Marcos y magíster en Ciencias Penales de la U. San Martín. Tengo un postítulo en lucha contra la corrupción por la Universidad de Chile. Trabajé en la Procuraduría Anticorrupción del 2006 al 2008. También lo hice en la Comisión de la Verdad".
  • "Estamos ante un caso que rompe todo esquema. Este caso implica mucha información por analizar y tiene investigaciones en otro país que son importantes para contribuir en las indagaciones en el Perú. Hay que ver cómo llegamos a esos datos".
  • "La Procuraduría en estos casos siempre va a buscar que se establezcan las responsabilidades, y en las consecuencias de una pena, además de la sentencia, también está la reparación civil, en la que se comprende el daño que ha sufrido el Estado. Buscaremos la reparación".