Tener nuevos colegios con aulas cómodas es importante, pero de qué sirve el cemento cuando las cifras de abuso sexual contra escolares son alarmantes y contratar más psicólogos en las aulas no es una prioridad para este Gobierno.
Nos hemos acostumbrado a ver a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Educación, Morgan Quero, cortando cintas en pomposas inauguraciones en las llamadas “escuelas bicentenario”.
Quero anuncia, con bombos y platillos, que estos proyectos contribuyen al cierre de la brecha en infraestructura educativa; sin embargo, olvida que la brecha más importante y urgente es la salud emocional de los niños. Para que usted tenga una idea del momento dramático que vivimos: 15,643 son los escolares víctimas de abuso sexual en los colegios; es decir, 119 niños violados cada mes, cuatro niños por día en los últimos once años a nivel nacional, según el portal SíseVe.
Esta realidad nos pone frente a un contraste cruel. No podemos celebrar nuevas edificaciones cuando tenemos una tragedia que el cemento no va a reparar.
Detrás de cada niño violentado hay una vida y un futuro cargado de un atroz trauma, frente al cual el Estado tiene la obligación de proporcionar atención integral. Sin embargo, la desidia institucional es perversa: no hay voluntad política y todos omiten deliberadamente cumplir la Ley 31902, ley de convivencia escolar, y el Gobierno incumple con la contratación de psicólogos para los colegios públicos.
Cuidar de los escolares sigue siendo una asignatura pendiente.
Según la Contraloría, solo el 2% de colegios estatales cuentan con un especialista, y aquí también asoman cifras lamentables: son 3,500 psicólogos para 55,000 escuelas. Significa que cada psicólogo atiende 16 colegios. En la práctica, es una hazaña imposible de cumplir.
El compromiso con los niños es un discurso repetido, trillado, un eco vacío, porque en realidad miles de niños padecen y sobreviven a sus traumas sin respaldo emocional. ¿Cómo esperamos que sean adultos de bien?
En el Congreso hay quienes se emocionan para que los adolescentes de 16 años puedan ser considerados adultos con posibilidad de votar en las próximas elecciones, pero son incapaces de exigir que el Gobierno cumpla con su responsabilidad de implementar políticas de salud mental en las escuelas públicas o exigir al Ministerio de Educación que se contraten más psicólogos para más colegios.
Es urgente que el Gobierno tome en serio los acuerdos con el Colegio de Psicólogos para asignar especialistas en cada aula. La salud mental de los niños y adolescentes no puede ser una tarea relegada mientras se construye infraestructura. Se buscan aplausos y una placa de inauguración con los nombres de las autoridades, y se olvida el doloroso drama de niños que necesitan un soporte emocional para tratar de sobrellevar un dolor que los acompañará toda su vida.
Gobernar con cemento y sin corazón es una vergüenza.
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