El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha enfocado su atención no en resolver los principales problemas del país, sino en intentar amedrentar a la prensa y hasta obligarla a que transmita lo que el Ejecutivo quiera.
El Ministerio de Justicia anunció que propondría una franja obligatoria de 40 minutos, en los que todos los medios de comunicación tendrán que transmitir “actividades que se vienen realizando desde el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo, frontal, contra la inseguridad ciudadana”.
Esta medida es un manotazo de ahogado del Gobierno, el cual torpemente cree que la desaprobación de la presidenta es culpa de la prensa y no de los nulos resultados en mejorar la vida de los ciudadanos. Además, es una iniciativa sumamente peligrosa y autoritaria porque será el Gobierno quien decida qué actividades se transmitirán. El ministro de Justicia dijo que solo aplicará bajo estado de emergencia, pero olvidó precisar que en este Gobierno los peruanos prácticamente vivimos bajo estado de emergencia porque es la única medida que se dicta para enfrentar a la delincuencia.
Boluarte y sus ministros consideran que los medios de comunicación no deben revelar las investigaciones en su contra, que no pueden poner en duda las afirmaciones falsas que lanzan los miembros del Ejecutivo. Estos políticos interpretan los cuestionamientos como ataques personales. Por ello, la mandataria, cada vez que agarra un micrófono para hacer el ridículo cantando, lanza ataques contra canales, diarios y encuestas.
Lo que piensa hacer el Ejecutivo no solo es peligroso porque supone una violación a la libertad de prensa, sino que es un precedente que podrá ser aplicado por cualquier otro presidente con tintes autoritarios que busque censurar a medios de comunicación que no son afines a su gestión.
Desde el Congreso se debe de poner un freno a estos arrebatos autoritarios y evitar que se cree un peligroso precedente para las libertades.
