Enredo eléctrico: Un tema de regulación

Además de promotor de inversiones, el Estado debe ser un eficiente y capaz fiscalizador del cumplimiento de las normas sectoriales. Esa es tarea de los organismos reguladores. En el caso del sector eléctrico le corresponde al Osinergmin.

Subsiste en el sector eléctrico la dualidad de empresas de propiedad privada y empresas de propiedad del Estado además de empresas de propiedad de los jubilados de la ONP (estas últimas operadas por el Estado) y ahí está parte del problema.

La administración pública confunde su rol de regulador con el de empresa privada de propiedad estatal y utiliza a las empresas estatales para implementar medidas regulatorias fuera de las reglas y atribuciones del regulador.

De ahí que con el fin de equilibrar la oferta hidrotérmica del sistema eléctrico peruano, las distribuidoras de electricidad estatales subastaron contratos de compra de energía a largo plazo muy por encima del valor de mercado para viabilizar la construcción de las centrales hidroeléctricas de Chaglla (entonces propiedad de Odebrecht) y Cerro del Águila.

También la estatal ElectroPerú y las distribuidoras estatales son las principales afectadas por los costos marginales artificialmente bajos que la sesgada regulación a cargo de Osinergmin y del Minem han establecido a través de los años por haber sido estos superados en capacidad y fortaleza por los funcionarios de algunas empresas eléctricas privadas, quienes vienen acomodando la regulación a su interés.

Es así que vender energía con contratos de tres a cinco años a precios por debajo de su costo de producción, en cualquier lugar llevaría a la empresa a la quiebra en pocas semanas, pero si es que esta empresa puede comprar la misma energía a un precio aún más bajo, en el mercado spot, estaría lucrando en el corto plazo, pero corriendo un riesgo muy alto de que se revierta la irregular situación. A menos que esté seguro de que los precios seguirán bajos. Esa situación dura ya más de ocho años y los especuladores lucran a costa de los demás generadores y distribuidores, desincentivando, además, la inversión en energías limpias y renovables.

Este perverso juego hace que para sostener la seguridad del sistema eléctrico se deba tener costosas centrales de respaldo a diésel, cargando el costo a los usuarios a través de la transmisión eléctrica, igual que la innecesaria cobertura a los contratos de energías renovables, quienes no necesitarían de tal apoyo si es que el costo marginal (precio spot) fuera real.

La Corte Suprema ya zanjó el diferendo. Los contratos de respaldo de gas para generadoras térmicas entre privados no cambian la naturaleza variable del costo del combustible. Sin embargo, hasta ahora se defienden como gato panza arriba.