(Foto: GEC)
(Foto: GEC)

Puede que entre ciertos constitucionalistas haya discrepancias en la cuestión legal, pero lo cierto es que desde el viernes el panorama está clarísimo: quienes controlaron el Congreso como su chacra por más de tres años se han quedado tan solos que ni una sola movilización de apoyo han tenido. Recién han intentado organizar una para hoy que no parece haber despertado entusiasmo alguno, menos luego de que la dupla Olaechea-Araoz reculara, matizara sus palabras y comenzara a reconocer al Gobierno. Lo mismo la Confiep, que agachó la cabeza luego del torpísimo comunicado que publicó. Igual que el defensor del Pueblo. Hasta el Señor de los Milagros decidió que este año no visitaría el Palacio Legislativo porque el Congreso ya estaba disuelto.

Aun así, quedan algunos excongresistas que insisten en atornillarse al cargo, atrapados en la negación, pero los hechos están consumados. Que más del 80% de peruanos esté de acuerdo con la medida, en términos políticos, ha significado el punto final de los finales. ¡Alea iacta est!

Ahora, si la disolución marcó el fin de un ciclo, inevitablemente ha sido el inicio de otro que encontrará en las elecciones legislativas del 26 de enero su primer hito. Esta es la oportunidad dorada para sellar la reforma política y la del sistema de justicia, y con ello consolidar la nueva trayectoria de nuestra historia. Vizcarra tiene la responsabilidad de articular una coalición reformista que postule a buenos cuadros comprometidos con esas reformas. Estarán en el cargo solo por 18 meses, pero eso no debería desanimar a nadie que crea en el verdadero poder transformador de la política. Si en ese periodo logran concretar esos cambios esenciales, habrán hecho muchísimo más que sus antecesores disueltos. Esa es la carta ganadora.

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