[OPINIÓN] Richard Arce: “¿La justicia está funcionando en el Perú?”

Hasta que por fin ya tenemos a Alejandro Toledo tras las rejas, en la Diroes. Por cierto, este penal debería ser inscrito en el libro de récords Guinness por ser una cárcel de solo tres “ilustres” presidiarios, expresidentes, justamente involucrados en actos de corrupción y, además, sentencias por violación a los derechos humanos y por pretender quebrantar el sistema democrático al ser aspirantes a dictadores.

Leo con bastante inquietud la expectativa que esto está causando en el Perú, pues se trata de expresidentes presos y, ante tanto sátrapa que hay en diferentes países y merecen estar en la cárcel, sobre todo por delitos de corrupción, que rehúyen a la justicia por años y décadas, muchos de ellos quedan impunes ante sus delitos y encima gozan del dinero mal habido.

Parecería que nuestro sistema de justicia funcionaría y que está siendo infalible, pero la realidad es otra, porque, si salimos del marasmo de los expresidentes procesados, vamos a encontrar una carga procesal insostenible, juicios que duermen el sueño de los justos y sobre todo la indignación de la población, que ya se acostumbró a ver que conseguir justicia es una utopía y que la justicia es solo para el que tiene plata.

Urge una reforma de justicia, eso es innegable, porque, si analizamos la conflictividad social que se ha vivido a inicios de año, se corrobora el nivel de rechazo y cuestionamiento que tiene nuestro sistema de justicia. Al ser el Poder Judicial y el Ministerio Público las instituciones más cuestionadas, sufrieron el embate y vandalismo de las protestas atentando directamente contra sus locales en varias regiones.

Se quemaron expedientes judiciales completos, se amenazó a jueces y fiscales, y se destruyó infraestructura pública de estas instituciones judiciales, con lo que se pretendía debilitar el sistema de justicia. Es evidente el descrédito que tiene la justicia en el Perú.

Más allá de las investigaciones que se tienen que realizar, queda la impresión de la necesidad de hacer reformas profundas en el sistema de justicia, de profesionalizarlo y sobre todo que dé cobertura a todo el país, para que la población valore el servicio que brinda a la sociedad en la búsqueda de justicia.