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Carlos Tapia,Opina.21Durante su participación como testigo en el juicio sobre la matanza de Accomarca en agosto de 1985 – y donde los deudos, después de 29 años, siguen reclamando justicia–, el expresidente Alan García declaró, citando varias veces el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que su gobierno no tuvo nada que ver y, por el contrario, destituyó a la cadena de mando militar involucrada como señal de que no se iba a permitir más guerra sucia. Los casos de Cayara, Pucayacu, Pomatambo, etc., lo desmintieron. Y, acerca de que fue un caso aislado, es verdad que no se cuentan por cientos los casos de escalofriantes matanzas como la de Accomarca (26 niños, 10 mujeres y 25 campesinos), pero también el mismo informe de la CVR señala que esta matanza no fue producto de la decisión de un oficial, sino de la estrategia aprobada para el caso.

De otro lado, Alan García calla que en junio de 1989, en el Consejo de Ministros presidido por él, se aprobó de manera reservada el Manual de Contrasubversión ME 41-7, lo que dio carta blanca para asesinar a los simples campesinos sospechosos de colaborar con el senderismo, agrupados en sus comités populares (0PA, en la terminología militar), que en las llamadas zonas liberadas se encargaban de la producción, hacer justicia, etc., y muchos de sus miembros eran forzados a cumplir este encargo, como se demostró en 1993.

Se dice en dicho manual (p. 77): "Para la destrucción de la OPA local se requiere eliminar a sus miembros, la que se llevará a cabo, en base de las dos condiciones siguientes: (a) Que se haya recibido informaciones suficientes para garantizar el éxito de la eliminación, (b) que la eliminación planeada pueda llevarse a cabo totalmente".

El propio Ollanta-candidato declaró que lo anterior era una invitación al asesinato, citado en el libro De Locumba a candidato presidencial (2008), libro extrañamente separado del mercado.

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