Con un file en la mano y una mascarilla en la boca, Edgar Alarcón le dijo ayer a la prensa que las dos denuncias constitucionales por enriquecimiento ilícito y peculado doloso que le ha interpuesto esta semana la Fiscalía de la Nación son un refrito.
“Son casos que en su oportunidad se vieron cuando salí de la Contraloría”, espetó con desdeño, como si los periodistas sufriéramos de amnesia y no fuéramos capaces de poner las cosas en su lugar: Edgar Arnold Alarcón Tejada fue destituido del cargo de contralor en julio de 2017. La Comisión Permanente del Congreso lo cesó por 22 votos a favor, una abstención y ninguno en contra.
Entre 2002 y 2015, mientras era funcionario de la Contraloría General de la República, Alarcón se dedicó a la compra-venta de autos. La ley de la Contraloría prohíbe que sus funcionarios dobleteen haciendo negocios, es incompatible con su función, pero Alarcón no está en problemas por violar la ley de la institución en la que trabajó por años; el asunto es que jamás declaró ingresos ni pagó impuestos por el dinero que su negocio le revertía, y esa “omisión” configura un delito que responde al nombre de enriquecimiento ilícito. Burlar al fisco –con el agravante de que quien lo hace es el vicecontralor y luego el contralor general de la República– tiene pena de cárcel. En ese caso no hay ni olvido ni perdón.
Además, Alarcón será procesado porque durante su gestión en la Contraloría se detectaron pagos de servicios simulados y porque utilizó fondos de esa institución, es decir fondos públicos, para pagarle a Marcela Mejía, la mamá de dos de sus hijos, 127 mil soles de liquidación más 100 mil de viáticos cuando ella dejó su puesto de secretaria en la Tesorería de la Contraloría.
Por eso es inaceptable escucharlo decir muy suelto de huesos, con toda raza y con un desparpajo que envidiaría el Guasón, que la Fiscalía de la Nación lo ha denunciado por razones políticas: “Me parece raro que justo ahora que vamos a sacar el informe Swing, que llamamos al cuñado de Vizcarra, que vamos a retomar el caso Chinchero y las conexiones de los hermanos del presidente con Conirsa, quieran bajar al presidente de la Comisión de Fiscalización”.
Alarcón llegó al Congreso de la mano de Antauro Humala este último verano. Su padrino político está preso por homicidio y secuestro.
¿Cómo es posible que el resto de bancadas en el Parlamento le permitan guarecerse en la Comisión de Fiscalización? Los congresistas deben ser responsables por sus votos y sus opiniones. Debemos hacer públicos los nombres de los parlamentarios que mantendrán de manera cómplice y negligente a Edgar Alarcón en Fiscalización.
