¡Ah, Yungay!

La gringa susurra “I want you, guy”. El guachimán cree que pregunta por el jirón Yungay. Se pierde el romance en el video antiguo. Se ha reeditado, pese a ser racista y sexista. Esta vez, la tecnología de traducción por celular le da una oportunidad. Vaivenes de saber inglés. Bueno, ahora la ley del “beneficiario final” exigirá, además, pensar en inglés.

Esa ley desnuda las estructuras jurídicas para saber quién las controla. Todos estaremos obligados a reportar de quién se trata. Nadie se salva: gerentes, directores, representantes, abogados, contadores, notarios, agentes bancarios y, para familiarizarnos, los settlors, trustees, protectors, nominees y muchos más.

El propósito es atribuir a sus verdaderos dueños el patrimonio de sociedades, fideicomisos, trust, fundaciones, joint ventures, portafolios de inversión y un largo etc. ¿Para qué? Para identificar su origen, las ganancias y los impuestos, si se deben. Cárcel por fraude fiscal y lavado de activos está en el horizonte. El que no reporta está frito, porque será responsable solidario de los impuestos y cómplice de los delitos.

La ley ha sido pensada en inglés. Confirma que el derecho anglosajón nos invade. Ese sistema privilegia el estudio de casos. La solución de uno se convierte en regla para los que sean similares. Análisis de hechos antes que interpretación de normas. Al fiscalizar el patrimonio, por ejemplo, no valdrán tanto los contratos, las facturas, los registros como la ruta del dinero, la razón económica y el propósito comercial.

Papelito ya no manda. Sustancia antes que forma. Lo que asusta no es que la ley desnude, sino que obligará a trabajar en un nuevo idioma legal. Aprenderemos en el camino. La Sunat y los jueces también. ¡Qué miedo! No queda otra.