La agenda pendiente

Juan José Garrido,La opinión del directorEsta semana terminó la legislatura ampliada y, como casi siempre, nos queda un balance mixto. Según nuestra última encuesta de Pulso Perú, el 79% de la población desaprueba al Congreso, lo cual resume la situación.

Primero, lo positivo. Sin duda, lo más resaltante es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros del Banco Central de Reserva. Nuestra precariedad institucional, ya lo sabemos, es un lastre en el proceso de desarrollo; mantener tres instituciones descabezadas –como es aún el caso del defensor del Pueblo– o menoscabadas –como era el caso del TC y del BCR– era una muestra de la insensatez e indolencia propias de nuestra clase política.

Luego están algunas leyes y sanciones. Las primeras, en su mayoría, en contra del actual modelo de desarrollo. Las segundas nos dejan un sabor agridulce; por lo observado, el resumen es que cayeron no quienes debían caer, sino quienes no pudieron congregar el suficiente apoyo político o quienes, como en el caso del expresidente Toledo y el hermano del presidente Humala, son "muy pesados para caer".

Segundo, lo negativo. A diferencia de los roles del Ejecutivo (gestión del Estado y dirección de las políticas públicas) y del Judicial (administración de justicia), la conformación –y sus reglamentos– convierte al Congreso en una cancha política desigual: la mitad más uno equivale a ganarlo todo, la mitad menos uno significa una pérdida irremediable.

Solo así entendemos cómo un caso que lleva más de año y medio con dictamen de la comisión encargada puede ser encarpetado con desparpajo. Nos referimos, sin dudas, al caso de Alexis Humala, quien habría incurrido en usurpación de funciones, falsificación de documentos, falsedad genérica y hasta presunto lavado de activos. Igual suerte mantiene al expresidente Toledo alejado de una fiscalización debida por el caso Ecoteva.

A estos dos casos habría que sumar, con urgencia, la revisión de los procesos que atañen a distintos gobiernos regionales, así como a las instituciones que han participado de una u otra manera apañando esa realidad. Estas mafias han asesinado a sus opositores políticos, amedrentado a los medios y periodistas, y se han birlado cientos de millones de soles de todos los peruanos.

Si de fiscalización se trata, creemos que el Congreso deberá mirar con lupa, en la próxima legislatura, no solo los megaproyectos emprendidos recientemente por el gobierno, sino también la participación de algunos ministros en estos casos. El caso puntual de la Línea 2, que ya se encuentra en manos del Congreso, es un ejemplo.

Finalmente, está el caso de la megacomisión que investiga al expresidente Alan García, quien ha planteado un recurso en el Poder Judicial y cuyas observaciones deberían ser analizadas por el Legislativo. Este caso debería servir para esclarecer las competencias de cada poder (Legislativo y Judicial) respecto a los derechos de los investigados y los alcances de cada fuero frente a los fallos del otro.

Detrás de todo este paquete "fiscalizador", el Poder Legislativo tiene una magnífica oportunidad para recuperar algo de la confianza nacional, y tendrían que ser muy torpes para no darse cuenta. No obstante, y para lograrlo, será necesario separar a quienes dentro del Congreso fungen como operadores políticos de estas mafias. De igual manera, dejar de mirar los proyectos de inversión con fines populistas y pensar en los bolsillos del contribuyente. Estamos seguros de que, si se lo proponen, no será difícil identificarlos y sancionarlos.

Luego está la agenda pendiente de reformas políticas, económicas y sociales. El paquete de medidas presentado por el MEF y la PCM, por ejemplo; si bien es cierto que ya están avanzadas las conversaciones, falta aún la parte más crítica (aquella destinada a mejorar nuestro marco laboral), por lo que el Congreso deberá optar por el futuro y el desarrollo, o el populismo puro y ramplón.

La unión civil es otro ejemplo. Como sabemos, esta se encuentra en fojas cero. En nuestra opinión, el movimiento por los derechos de los LGBT debe sincerarse: o nuestro país está preparado para asumir el reto de abrirse a las minorías o no. Esconder el matrimonio de parejas homosexuales detrás de nomenclaturas políticamente correctas es otra manera de mantener a dicho movimiento en el clóset.

El Congreso no puede seguir viviendo a espaldas de su desaprobación. Después de tres años, y a la vista de su actuación, tal vez sea mejor que la oposición asuma su presidencia.