(Renzo Salazar)
(Renzo Salazar)

Lo que no está prohibido expresamente, está permitido. En algunos casos, esa premisa depende en nuestra atribulada justicia. Rosario Madueño y Jorge Tovar, una pareja de ciudadanos chilenos, hoy están en la cárcel porque utilizaron un vientre de alquiler para tener aquellos hijos que ansiaban con desesperación. El 25 de agosto los detuvieron en el aeropuerto Jorge Chávez bajo la acusación de trata de personas.

Intentaban salir con sus mellizos, pero algo raro pasaba. Habían ingresado al país sin niños y retornaban a casa con bebés recién nacidos. Como pocas veces, la Policía y la Fiscalía actuaron con velocidad en la denuncia.
Sabemos que el donante fue el propio padre y utilizaron un vientre de alquiler porque Rosario lo intentó con ansias, pero no tuvo éxito. En el Perú, para que no atentes contra la ley, el óvulo debe ser de la misma madre; curiosamente, aquella que no puede tener el hijo, lo que evidentemente en muchos casos reduce posibilidades a esas mujeres a las que la naturaleza les ha negado la capacidad de concebir.

Pero el problema mayor es que a esta pareja no le han dejado que demuestre con una prueba de ADN el vínculo paternal que desmoronaría el presunto delito de trata cuya carcelería podría llegar hasta los 15 años.

Lo lamentable es que hay miles de criminales de todo cuello que llevan sus procesos en libertad o reciben tratos benévolos de jueces y fiscales, a diferencia de esta pareja que ha sido reprimida, encarcelada, con aparente absoluta desproporcionalidad.

Verlos en sus caminatas a prisión, desencajados y entristecidos, nos ubica ante una justicia tan contradictoria como corrupta, si miramos el contexto en el que vivimos. Por favor, ADN ya.