La gestión de Vizcarra como gobernador de Moquegua es investigada por la Fiscalía. (GEC)
La gestión de Vizcarra como gobernador de Moquegua es investigada por la Fiscalía. (GEC)

La Constitución de 1979, que establecía la bicameralidad, contemplaba la disolución de la Cámara de Diputados si esta censuraba o negaba la confianza a tres consejos de ministros (art. 277).

El presidente no estaba, en ningún caso, facultado para disolver el Senado (art. 230). De esta forma, jamás quedaba el Congreso desprovisto de su capacidad de legislar, investigar y fiscalizar al Ejecutivo. Funciones básicas para el sano ejercicio democrático.

La prerrogativa presidencial de cerrar la Cámara de Diputados impedía un uso abusivo de la censura al gabinete que pudiera precipitar un golpe de Estado por ausencia de poder, tal como sucedió en 1968 durante el primer gobierno de Belaunde, defenestrado por el dictador de izquierda Juan Velasco Alvarado.

La Constitución de 1993, si bien fue brillante en el modelo económico, dejando a la iniciativa privada la batuta de la economía, ha sido un fiasco en lo que respecta al fortalecimiento del régimen político e institucional del país.

Unicameralidad, voto preferencial, facultad presidencial de cerrar el Congreso, todo apunta a lo mismo:

fortalecer al presidente y debilitar la institucionalidad. Romper el equilibrio democrático para ejercer el poder.

Si la intención de Fujimori fue perpetuarse en la presidencia, era necesario debilitar a los partidos políticos y tener bajo la manga los instrumentos para someter al Legislativo.

Las elecciones de 2016 tuvieron un resultado que exigía el diálogo y el juego democrático para poder gobernar. El odio, la soberbia y la ignorancia de ambos lados desoyó el mandato electoral.

Hoy el premier actúa, dramatiza y exacerba, echa mano a este recurso extremo, imperfecto, el as bajo la manga de Fujimori para concentrar poder. ¡Cuidado, señores del Ejecutivo, con el abuso de confianza!

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