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Mauricio Mulder,Pido la palabraCongresista

Por más que el gobierno ha desplegado esfuerzos para pretender un arrinconamiento de la oposición, agitando con grandilocuencia corruptelas propias de la administración pública y los resquicios legales que permiten que personas condenadas borren sus antecedentes, no ha logrado, empero, evitar que el país exprese su preocupación por las pretensiones del gobierno de imponer la ilegal candidatura de la señora Nadine Heredia.

Es más, en la creencia de que la oposición está distraída defendiéndose, la señora Heredia ha vuelto a dar una muestra de gozo del poder viajando al Brasil nada menos que a una cita de "líderes gubernamentales", haciéndose acompañar por funcionarios diplomáticos enviados desde Lima y por un equipo del canal 7, es obvio, que como su anterior viaje al Brasil y a Europa, ese tipo de puestas en escena son para ir posesionando a la referida pre-candidata como una Jefa de Estado.

Pero la alta aceptación no debe llevarlos al engaño. Muchas personas aseguran aprobar al gobierno por el simple hecho de no hacer nada. Les basta que dejen hacer a los demás, léase a los peruanos emprendedores y que no trasunte por los caminos del intervencionismo estatal velasquista. Pero no comulgan con igual énfasis en la campaña reeleccionista. Casi un 60 por ciento de los ciudadanos considera al mismo tiempo que no es correcta la pretensión del gobierno de imponer esa ilegal candidatura.

Los peruanos han demostrado, sobretodo en la última elección en Lima, votar con conocimiento e inteligencia. Puede aprobar al gobierno, pero no le va a acepar que abusen de su posición. Puede decir que aprueba el gobierno del señor Humala y la "gestión" (?) de la señora Heredia, pero es refractario al abuso y a la reelección. Y es abuso pretender ignorar una ley aduciendo que lo que establece no está en la Constitución. Los que sostienen tamaña tesis peregrina deberían pedir la derogatoria de todas las leyes existentes y hacer que la sociedad se rija única y exclusivamente en la Constitución.

La inaplicación de una ley sólo procede cuando está en contradicción con la Constitución, no cuando establece criterios que no están en la ley de leyes. Por eso se les denomina leyes de "desarrollo constitucional". No hay sustento alguno para aducir el control difuso.

Sólo el abuso desde el poder, o sea violentar la democracia, puede consagrar ese despropósito.