A merced del crimen

Un nuevo ataque terrorista –hace rato que estos atentados contra la vida y la propiedad deberían haber recibido oficialmente tal denominación– se produjo ayer contra la compañía minera Poderosa en Pataz, La Libertad. El objetivo, nuevamente, fue una torre de alta tensión, haciéndonos recordar la infausta época en que Sendero Luminoso mantenía en zozobra permanente a los peruanos.

Esta vez, como indica la empresa, “volaron la torre 55 que conecta el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) con Mina Poderosa”. La consecuencia directa no solo es el daño material sino la afectación económica, pues todas las operaciones de Poderosa se han quedado sin energía. Un acto de sabotaje que busca amedrentar a propietarios y trabajadores para que dejen el terreno libre a los ilegales.

Las últimas embestidas contra la mina han cobrado ya la vida de 17 personas. Estamos hablando entonces de una ofensiva de gran calado contra la cual las fuerzas de seguridad –siempre tan fotogénicas a la hora de anuncios presidenciales de medidas contra la violencia– lucen como un aparato inoperante, puramente decorativo, incapaz de afrontar la situación y poner orden en las zonas de conflicto.

Detrás de estos atentados está la minería ilegal asociada a organizaciones del bajo mundo. En cuanto a dinero y poder de fuego van sobrados.

Los recursos con que cuentan les permiten extender su influencia hasta instituciones del Estado, como es el caso del propio Congreso de la República, donde se han promulgado normativas y leyes que claramente favorecen a esta actividad, ya no solo ilegal sino abiertamente criminal.

Las incursiones de estas bandas fuertemente armadas a las que el Gobierno sigue sin darles la importancia que debiera –porque hasta ahora no hace nada eficaz para acabar con esta amenaza– han causado en esa zona, además de las pérdidas humanas y materiales de la empresa, la voladura de 15 torres de alta tensión, una subestación eléctrica, una línea de transmisión y una tubería de fuerza de la central hidroeléctrica.

De ahí que la comparación con la arremetida terrorista en las décadas del ochenta y noventa del siglo pasado no sea antojadiza. Los negocios del crimen organizado –extorsión, minería ilegal, préstamos leoninos, trata de personas, transporte informal– van en imparable aumento, ante la lenidad de las autoridades.

El Perú vive ya bajo la amenaza de un poderoso enemigo interno cuya sombra homicida se extiende a casi todo el territorio nacional. Mientras tanto, el Gobierno mira a otro lado.