A los fiscales, con todo cariño

El rol de un fiscal es el de conseguir que se haga justicia. Es más difícil que el de un juez pues comienza de la nada. Tiene que identificar las pruebas, darles consistencia y formular un caso que tenga jurídicamente sentido para de allí convencer al juez.

Hacer justicia significa no solo decidir cuándo acusar sino cuándo no hacerlo o cuándo no adoptar ciertas medidas que, aunque populares, consumen recursos que se pueden usar para condenar a los culpables.

El 2019 ha sido el año de Lava Jato. Tenemos una oportunidad histórica de identificar y sancionar corrupción al más alto nivel, debilitando la sensación de impunidad que fomenta la comisión de delitos. El rol de los fiscales es central y necesita el apoyo de todos. Y no se pueden negar avances importantes.

Pero el año 2019 también ha marcado la pérdida de brújula. Ello ha derivado en un mal uso de los recursos. Sin acusaciones y posteriores condenas, el caso Lava Jato es puro fuego artificial.

Los recursos que se usan para un fin, dejan de usarse para otro. El tiempo y dinero con el que cuentan los fiscales es escaso y tiene consumo rival, lo que significa que lo que se usa en prisiones preventivas se deja de usar en avanzar en acusaciones. Hay ciertas economías de escala y de alcance. Pero el uso excesivo de recursos para obtener preventivas afecta la eficiencia y efectividad de obtener condenas.

No significa que buscar ciertas prisiones preventivas sea inútil. Significa que deben centrarse en lo realmente necesario para lograr acusaciones y condenas efectivas, evitando la fuga o frustración de la justicia por posibles acusados. Pero son excepciones. No debe ser la regla.

Abusar de la preventiva es como colocar extintores para prevenir incendios. Tener un extintor cada medio metro es claramente un desperdicio. Tener prisiones preventivas contra todo el mundo también lo es. Hay que ver dónde y cuándo son realmente necesarios. Gastar solo en extintores impide gastar en otras medidas importantes para controlar incendios.

Así, al argumento garantista de no encarcelar inocentes (presunción de inocencia, derecho a la libertad, etc.) se suma el uso eficiente de recursos.

Las preventivas no son un fin. No entenderlo sacrifica el verdadero fin que es condenar a los culpables. En eso los fiscales están desenfocados. Al convertir la prisión preventiva en un fin no han dudado en mentir al analizar ciertos hechos, como pasó en el caso de algunos de los árbitros en los que inventaron una teoría incapaz en sostenerse en los hechos. Y cuando quedaba claro que era así, giraban e inventaban otra igual de disparatada. Ello es un desperdicio de recursos y, sobre todo, de reputación de los fiscales en momentos que necesitamos que su trabajo sea reconocido como intachable.

Alcanzar que se haga justicia es una gran responsabilidad. Dejarse atrapar en lo mediático o en el facilismo argumentativo traiciona esa responsabilidad. Parafraseando a Calabresi, es difícil saber qué es realmente justo. Pero en un mundo en el que los recursos son escasos, desperdiciar es claramente injusto.