(GEC)
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El gobierno ha vuelto con la cantaleta de la nueva Constitución como un mecanismo para intentar sortear la ola de protestas por el desgobierno y el alza de precios. Como si al lanzar otra vez el brulote los problemas del país comenzaran a solucionarse solos.

Algunos ministros, incluso, los más eufóricos piquichones de Castillo, aprovechan cada mesa de diálogo en la que participan para decirles a los dirigentes de manera engañosa que la solución para sus problemas es el cambio de Constitución.

Como si se tratase de una fórmula mágica, se ha visto por ejemplo al premier Torres cometiendo el desatino de elogiar y aplaudir las protestas, azuzando a las multitudes encrespadas para, de ese modo –cargando aún más la ya viciada atmósfera de los conflictos sociales– crear un clima político presuntamente favorable a la convocatoria de una asamblea constituyente. Y nada más descabellado, por supuesto, como han explicado bien los constitucionalistas.

La iniciativa presentada en el Congreso –desenterrando una idea que ya había quedado sepultada y hasta descartada públicamente por Castillo y el propio Aníbal Torres hace meses– es inconstitucional y antidemocrática. Buscar que se apruebe una autorización al presidente de la República para que convoque a la elección de 300 miembros para una Asamblea Constituyente que funcionaría en paralelo al actual Parlamento es un auténtico despropósito.

Inspirados vagamente por la experiencia chilena, que poco o nada tiene que ver con la actual realidad del Perú o los graves problemas que lo acometen, el oficialismo pretende crear un poder político paralelo que, en su proyecto de ley, supuestamente taponaría el peligroso flujo de conflictos y demandas sociales que lo están acorralando.

Nuestro país está como está por la incompetencia de un gobierno que hace agua por todos lados, infestado por corruptelas a estas alturas ya casi sistémicas y ante las cuales las autoridades no solo hacen poco o nada, sino que, además, parecen promoverlas a través de discutibles designaciones oficiales y apurados encubrimientos.

Y, por si fuera poco, pretenden llevar a cabo su soñada convocatoria electoral replicando un modelo propio de dictaduras como la venezolana o la cubana… por “cuotas sociales”. Como diría el finado Pepe Biondi: ¡patapúfete!

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