Hace 21 años se instituyó el Día Mundial de Lucha contra la Corrupción, una iniciativa promovida por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de generar conciencia sobre uno de los problemas más devastadores que afectan a la humanidad y la necesidad de movilizar las acciones concretas que promuevan la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la justicia.
La corrupción y la inseguridad ciudadana son problemas estructurales que, de manera más acentuada y visible, padece la sociedad peruana. Y no estamos hablando de problemas, como muchos creen, que solo atañen al Gobierno, sino que comprometen al Estado y a la sociedad en su conjunto.
A diario somos testigos del abuso de poder y autoridad donde funcionarios públicos, empresarios y hasta ciudadanos ceden ante la ambición, sea esta con fines económicos, políticos y hasta sociales, relegando el interés público, deteriorando la confianza en las instituciones y promoviendo la desigualdad. Eso que hoy se está normalizando en nuestra vida cotidiana es corrupción.
Y es precisamente esa —la corrupción— la principal crisis que afecta a nuestra sociedad, una problemática que se agrava debido a la falta de valores y a la incapacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Superarla compromete un esfuerzo y compromiso sostenido, difícil de lograr a corto plazo, ya que requiere un cambio cultural profundo, impulsado desde el fortalecimiento de la familia y la educación de nuestras jóvenes generaciones, porque son las instancias en donde se forjan los valores y principios que guían el comportamiento de las personas. Es fundamental entender que, en todo orden de cosas, todos debemos hacer lo correcto, aunque nadie nos esté vigilando.
Ante ello, es muy importante que las altas autoridades prediquen con el ejemplo y tengan un comportamiento que no solo se rija por las normas, sino también por un alto estándar ético, porque son sus acciones y decisiones el ejemplo que todos los peruanos vemos día a día, más allá de los discursos rimbombantes.
La corrupción socava los sistemas de salud privando a las comunidades de acceso a medicamentos esenciales y atención médica de calidad. En el ámbito educativo, limita las oportunidades de aprendizaje, lo que perpetúa ciclos de pobreza e inequidad. En la infraestructura, genera obras sobrevaloradas, de mala calidad y que muchas veces se paralizan y no terminan. En el terreno político, la corrupción erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, lo que debilita la democracia y fomenta la desafección política. En suma, sus efectos son profundos, porque impactan de manera desproporcionada en las poblaciones más vulnerables.
Hoy en día, el problema no solo es la corrupción y la incapacidad de gestionar con efectividad, sino por sobre todo la impunidad. Porque las precarias capacidades de nuestro sistema de justicia para proveer servicios imparciales, céleres, predecibles y accesibles vienen generando enormes consecuencias en la efectividad de su lucha. Sin una sanción efectiva y ejemplar, la corrupción seguirá penetrando el poder, de la mano de las economías ilegales, para capturar áreas estratégicas del Estado y así reproducirse y perpetuarse.
Como bien dice António Guterres, secretario general de la ONU: “La corrupción es un crimen contra el desarrollo y la justicia. En este Día Mundial de Lucha contra la Corrupción, unámonos para erradicarla y construir un futuro donde la transparencia y la rendición de cuentas sean pilares fundamentales de nuestras sociedades”.
En efecto, la integridad no es solo un valor moral, sino una necesidad urgente para garantizar un mundo más equitativo, inclusivo, cohesionado, próspero y sostenible. Combatir la corrupción es un imperativo ético que requiere la participación de todos, pues si bien es cierto incide más en los que menos tienen, a la larga nos afecta significativamente a todos. Por ello, necesitamos impulsar reformas estructurales para modernizar el Estado, como las reformas del sistema de justicia y del servicio civil, así como avanzar hacia una sociedad peruana en la que primen la integridad y la justicia. Ojalá el próximo Gobierno impulse los cambios estructurales que necesitamos y recupere el rol de conducción de nuestro proceso de desarrollo.