El plazo fijado por el gobierno al Congreso para la aprobación de las reformas políticas vence este 25 de julio, fecha en que termina la legislatura. Haciendo el recuento, en la Comisión de Constitución ya han aprobado tres de los seis dictámenes que debían ver, y ayer, mientras escribía esta columna, estaban debatiendo uno más.
Sin embargo, el Pleno solo ha aprobado –en primera votación– uno, el referido a la inscripción y cancelación de partidos. Faltan cinco reformas más: impedimentos para candidatos, democracia interna, paridad y voto preferencial, financiamiento, e inmunidad.
Solo quedan ocho días para aprobar esas cinco reformas, con el adicional de que esta es semana de representación, así que no habrá Pleno hasta el lunes 22.
Aunque voten todo el lunes de la siguiente semana, es difícil que lleguen a cumplir el plazo sin desnaturalizar las reformas. A tropezones nada sale bien. En parte, tampoco quieren lograrlo. ¿Por qué la mayoría legislativa cedería en este momento ante el gobierno? Esto se trata, finalmente, de una tensión entre dos poderes en el que cada uno está a la espera de que la soga se rompa del lado opuesto. Puede que tres de cada cuatro peruanos quieran que el fujimorismo deje la presidencia del Congreso, pero a diferencia de unos meses atrás, el gobierno llega a este momento sobregirado con nuevos frentes que importan a la gente, como Tía María y el acuerdo con Odebrecht. Nadie está en evidente posición de ventaja para el jaque.
Por eso es difícil de creer que, aún queriendo, ya sea porque el Congreso no aprobó las reformas o, si las aprobó, las modificó sustancialmente, Vizcarra insista en cerrar el Congreso. Las condiciones ya no son las mismas. Ahora, más bien, tiene que definir otra salida estratégica que le permita mantener la iniciativa.