Un reportaje de el medio argentino La Nación muestra que en estos días, en que el futuro de la crisis se juega fundamentalmente en los cuarteles, el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con un ingrediente extra para asegurar la lealtad de los 140.000 militares que tiene el país.
¿Qué sucede? Llama la atención el rol preponderante que el chavismo asignó a los militares en la economía de Venezuela.
Para tener un panorama claro de esto, la petrolera estatal PDVSA, que aporta más del 95% de los ingresos del presupuesto nacional, está dirigida desde hace un año y medio por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana llamado Manuel Quevedo, un mayor general sin experiencia en el tema.
¿Por qué se le asignaría un rubro tan importante del país a un militar sin experiencia en ella? Según cita el medio argentino, los uniformados habrían cambiado sus intereses.
"A los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades que producen divisas: el petróleo, la minería y los alimentos", dice Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, que publicó el año pasado un informe titulado "El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela".
Pero no solo el sector hidrocarburo se ha visto amenazado por esta inserción de uniformados en rubros importantes de Venezuela, el segundo amenazado es la minería.
La minería en Venezuela, país rico en bauxita (de la que se obtiene el aluminio), oro y diamantes en comparación a otros países del mundo, viene siendo amenazada por los militares a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada en 2016), que es presidida por el mayor general Alexander Cornelio Hernández Quintana.
El tercer sector controlado por militares es la alimentación, a través de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Los militares controlan la alimentación desde la producción de esta hasta la distribución y comercialización de alimentos y remedios. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, está a cargo.
"En este momento hay más de 1000 militares activos y retirados al frente de cargos públicos, desde funciones políticas hasta económicas. En ninguna democracia latinoamericana hay semejante cantidad de efectivos que desempeñen tareas ajenas a la función de defensa y seguridad para la que se formaron", declara José Manuel Puente, economista consultado por La Nación.
"La brecha cambiaria en Venezuela permite a los militares beneficiarse en sus empresas del dólar preferencial, comprar a diez y vender a 20. Así que difícilmente acepten renunciar a la alta renta que les genera la situación cambiaria", agregó Puente.
Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), dice que ahora "es mucho más fácil ver en qué sectores económicos los militares no tienen un dominio directo, ya que la mayor parte está bajo su control".
Las áreas económicas que escapan a la administración castrense son "espacios muy limitados que quedaron en manos privadas: comercios, pymes, telecomunicaciones y banca", dijo Jacome. "Pero aun allí existe una supervisión gubernamental permanente y en muchos casos mediante entes controlados por militares en actividad o retirados", advirtió la especialista.
Fuente: Con información de La Nación de Argentina