Fuerzas de seguridad de Venezuela han detenido y torturado a agentes militares acusados de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según dos prominentes organizaciones defensoras de derechos humanos.
Human Rights Watch y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal señalaron en un reporte conjunto que las autoridades del país gobernado por Maduro también han detenido y torturado a parientes de algunos sospechosos con la meta de obtener su paradero.
Las autoridades venezolanas han rechazado denuncias de torturas formuladas por diversas organizaciones y han asegurado que en el país hay respeto pleno de los derechos humanos.
El reporte fue difundido mientras aumenta la presión internacional sobre Maduro, quien planea iniciar este jueves un segundo sexenio que Estados Unidos y al menos una docena de países en el continente consideran ilegítimo.
El informe analizó 12 casos de 2017 y 2018 que involucran a 32 personas, incluyendo agentes militares y civiles acusados de conspirar contra el gobierno, así como también parientes de sospechosos.
“El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar”, afirmó el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. “En algunos casos también van por sus familias u otros civiles cuando no pueden encontrar a los sospechosos”.
El documento señaló que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) practicaron la mayoría de los arrestos.
Los detenidos denunciaron abusos tales como palizas brutales, asfixia, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.
Vivanco aseguró que la información reflejada en el informe se recopiló de primera mano. Investigadores desde el extranjero llamaron a personas residentes en Venezuela, o entrevistaron efectivos militares y sus familias cuando ya habían salido del país.
Además, abogados del Foro Penal ejercieron la representación legal de algunos detenidos en audiencias judiciales.
Ambas organizaciones señalaron que las denuncias coinciden con el desempeño mostrado por las autoridades al reprimir protestas callejeras en 2014 y 2017.
Desde 2014, Human Rights Watch ha documentado más de 380 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra opositores al gobierno, incluyendo al menos 31 casos de tortura en Venezuela.
Más de 12.800 personas han sido arrestadas desde 2014 en relación a protestas antigubernamentales, incluyendo al menos 800 civiles enjuiciados por tribunales militares desde 2017, según el Foro Penal.
Pero las organizaciones denuncian que ningún funcionario de alto rango ha sido sancionado hasta el momento.
“La impunidad ante violaciones de derechos humanos es deliberada en Venezuela”, anunció Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal.
El Instituto Casla, con sede en Praga y encabezado por la abogada venezolana Tamara Sujú, indicó el mes pasado haber interpuesto ante la Corte Penal Internacional denuncias de 536 víctimas de tortura en Venezuela desde 2014, incluyendo 106 del 2018.
En un paso sin precedentes, seis países pidieron el año pasado a la CPI investigar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Recordemos que, la nación caribeña es una de las nueve investigaciones preliminares iniciadas por los fiscales de la CPI.
Fuente: AP