El dos veces candidato presidencial venezolano Henrique Capriles fue denunciado por corrupción ante la Contraloría General por diversas acciones durante su periodo de nueve años al frente de la gobernación del estado Miranda y que actualmente está en manos del oficialismo.
"El contralor general de la República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros recibió al procurador del estado Bolivariano de Miranda, Yahir Muñoz, quien consignó una denuncia por presuntos hechos de corrupción contra el exgobernador Capriles Radonski durante su gestión", informó la Contraloría en su cuenta de Twitter.
Muñoz aseguró en declaraciones recogidas por el canal privado Globovisión que entre las actuaciones "irregulares" de Capriles están "la ausencia por más de dos años del procurador saliente", designado por el líder del partido Primero Justicia (PJ), y que dijo, "generó un estado de indefensión" a la gobernación en "más de nueve juicios".
Señaló que además "existe la contratación irregular a voceros políticos del partido PJ a quienes se les pagaban hasta 10 veces un salario mínimo violentando cualquier tipo de norma y ley de emolumentos".
"Hemos encontrado también que ciudadanos inhabilitados (...) por la contraloría general continuaron ejerciendo cargos en la gobernación de Miranda en la gestión de Capriles", añadió.
Afirmó que para soportar las denuncias presentadas consignaron "movimientos migratorios, contratos suscritos, cheques" para que la contraloría "determine si es necesario una actuación".
Por su parte el contralor general, Manuel Galindo, garantizó "plenamente el derecho a la defensa y el debido proceso".
Los diputados de PJ en el Consejo Legislativo del estado Miranda, Carlos Arias, Flavia Martineau y Milagros Valera, rechazaron las denuncias de Muñoz y a las que consideran "parte de una estrategia de retaliación política".
"Se trata de revanchismo político, el pueblo de Miranda está claro en la transparencia de la gestión de Henrique Capriles y de su equipo", afirmaron en un comunicado en el que aseguraron que el oficialismo "ahora planea forjar falsas acusaciones en contra del exgobernador".
Capriles fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en abril de 2017 con una multa de 60.000 bolívares, 53 dólares a la tasa de cambio oficial de entonces, poco más de 1 al precio actual, una sanción por la supuesta aprobación de donaciones, contratos sin licitar y por no presentar el presupuesto del año 2013 durante su gestión como gobernador.
El político achacó entonces a "un tema absolutamente político, arbitrario, completamente irregular, inconstitucional".
Con información de Efe