La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para ella y todos sus funcionarios, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera la salida del país, congelara sus activos y sus cuentas bancarias.
Como se recuerda, el tribunal tomó esta medida después de abrirle un proceso en su contra, promovido por el gobierno, que podría provocar su enjuiciamiento y destitución.
La Sala Plena ha fijado para este 4 de julio una audiencia pública en la que la fiscal dará sus alegatos sobre el caso.
Asimismo, Ortega señaló que también hizo esta solicitud de protección porque varios de los trabajadores han sido "objeto de asedio, robos" y recibido "amenazas" por parte de los simpatizantes del oficialismo. "Yo quiero hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas", señaló Ortega.
Por su parte, la Fiscalía General abrió un proceso al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, por presuntamente cometer graves y sistemáticas violaciones contra los derechos humanos en las manifestaciones contra el gobierno que se vienen desarrollando desde el 1 de abril.
El imputado, que también ha sido citado para declarar el 4 de julio, es acusado de "allanamientos arbitrarios" y "privaciones de libertad" en casos de personas que permanecen detenidas a pesar de que los tribunales ordenaron sus respectivas excarcelaciones.
CARACAS (Agencias)