Sow, la historia de una víctima de mutilación femenina en búsqueda de asilo en Bélgica

Sow llegó a Europa para proteger su integridad. A los ocho años, le extirparon el clítoris, una práctica muy extendida en su país de origen, Guinea Conakri. Ahora, con una niña de dos años nacida en Bélgica y otra en camino, lucha por legalizar su situación, como otros miles de inmigrantes en situación ilegal.

Tras aquel primer trauma de su mutilación, ya adulta, se reveló contra un matrimonio forzado que preparó su familia y, por temor a ser asesinada, según relató a Efe, huyó a Bélgica.

La joven llegó a Bruselas en busca de protección, pero se topó con que no tenía derecho a solicitar asilo y, desde entonces, lleva sumergida casi cinco años en el “calvario” burocrático que viven los indocumentados en el país que acoge a las instituciones europeas.

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Sow es una de las miles de personas que demandan protección en un país que recibió a 31.910 solicitantes en 2010 y que alcanzó su pico cinco años más tarde, coincidiendo con la crisis de refugiados, con 44.660 migrantes. En 2018, se registraron 23.443 solicitudes.

A sus 31 años, graduada en Finanzas, madre de una niña y con un bebé en camino, denuncia que su situación “no es solo precaria, sino insegura”, al igual que lo es para todas las familias sin papeles que no son reconocidas como refugiadas y que naufragan en las difíciles aguas del derecho a la regularización.

Lucha por abandonar la ilegalidad

Víctima de la mutilación genital femenina (MGF), Sow puntualiza que esta es una tradición “muy arraigada” en Guinea, donde al 95% de las mujeres de entre 15 y 49 años se les practica la excisión, un porcentaje que se ha mantenido casi idéntico desde 1999, según una encuesta del Comisionado General para los Refugiados y Apátridas (CGRA).

Esta práctica se suele realizar a edades tempranas por el “miedo” a que la mujer cambie de opinión conforme crece, una mutilación “desgarradora y nada ventajosa”, señala Sow, por la que sufre menstruaciones muy dolorosas y periódicas infecciones vaginales.

A su llegada a Bruselas esta guineana se unió al Grupo de la Abolición de la Mutilación Genital Femenina (GAMS), fundado hace 25 años por la senegalesa Khadidiatou Diallo, una de las primeras personas en traer el tema al debate público al corazón de Europa.

Recientemente, la víspera del Día Internacional contra la MGF, GAMS dispuso decenas de cochecitos con juguetes de niños frente despacho de la secretaria de Estado de Igualdad, Sarah Schlitz, como símbolo del abandono de los menores por parte de las autoridades belgas.

Con esta acción, bautizada “¿Tu clítoris o tu mamá?”, la asociación, que acusa a los secretarios de Igualdad y de Asilo y Migración de no hacerse responsables de esta trágica situación, colgó el cartel: “Bienvenidos al orfanato de Sarah Schlitz y Sammy Mahdi”, este último secretario de Estado de Asilo y Migración.

Este descontento es fruto de una reforma aprobada en 2019 por el CGRA con la que se dejó de reconocer la unidad familiar cuando los inmigrantes pedían asilo como refugiados en caso de que una de las hijas estuviera en riesgo de sufrir la excisión.

La esperanza, una regulación del asilo

Hoy día solo se otorga el asilo a la menor, lo que condena a los padres al farragoso proceso burocrático de petición de protección conviviendo con el miedo a ser deportados. Es el caso de Sow, cuya hija es de nacionalidad belga, pero ella no es reconocida como tal.

“Es completamente inhumano, ilógico e ilegal porque una niña de dos años no puede utilizar esa protección si su madre tiene la orden de abandonar el país”, insistió la abogada Selma Benkhelifa, miembro de la organización Progress Lawyers Network.

A pesar de las críticas, Schlitz bajó a la concentración para solidarizarse con las víctimas y manifestó su disposición a hablar con Mahdi para regular de nuevo a los familiares de niñas en peligro de ser mutiladas.

Remarcó que, aunque el estatus de refugiado no permite regresar al país de origen, “muchas comunidades” retornan en verano con menores que luego son mutiladas allí, una situación que Schlitz asegura que es “muy difícil de controlar”.

A pesar de esta disposición, la presidenta de GAMS expresa resignada que ha “perdido la confianza” en la política porque siempre le dan “la misma respuesta” y afirma que se encuentran “igual” que cuando empezaron a luchar contra las mutilaciones en Bélgica hace más de dos décadas.

Por su parte, el director de la iniciativa ciudadana Casa del Pueblo Europeo, Pietro Emili, pone su esperanza en una regulación a nivel europeo para abordar esta “crisis de asilo” de forma más efectiva desde los Estados miembros.

Así, reclaman una enmienda para proteger a los indocumentados que llevan más de tres años viviendo en el país, dado que estas personas “ya han empezado a romper sus vínculos con su país”, algo que, según Emili, los convierte en “apátridas”.

Entretanto, Sow lleva cuatro años sin poder trabajar, estudiar, sacarse el permiso de conducir o ir al médico. No asistió a la acción de GAMS por “miedo a la policía”. Y mientras batalla de forma incansable con la tediosa burocracia belga, nadie se ocupa ni de ella, ni de su hija, ni de la que vendrá.

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