Sentencia contra Lula da Silva podría dictarse a partir del 20 de junio

El primer juicio por corrupción contra el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estará listo para emitirse una sentencia a partir del 20 de junio, según se desprende de una decisión adoptada este lunes por el juez federal de Curitiba Sergio Moro, quien investiga los sobornos en el caso Petrobras.

Si bien no existe plazo establecido, en otras procesos judiciales, Sergio Moro anunció el fallo en un plazo de apenas tres a quince días posteriores a la presentación de los argumentos de cierre de la defensa.

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Sergio Moro rechazó el lunes diligencias solicitadas por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva, con lo cual dio por terminada la instrucción del caso que busca determinar si el ex presidente (2003-2010) recibió un apartamento tríplex en el exclusivo balneario de Guarujá, en Sao Paulo, a cambio de "ventajas indebidas" concedidas a la constructora OAS.

"Una defensa amplia, un derecho fundamental, no significa un derecho irrestricto a producir cualquier prueba, incluso aquellas imposibles, costosas y dilatorias", escribió el magistrado en su decisión publicada por su juzgado en Curitiba (sur).

"Considerando la necesidad de aguardar la desgrabación del último interrogatorio, fijo los siguientes plazos para los alegatos finales: siete días útiles para la Fiscalía (es decir, del 25 de mayo al 2 de junio), dos días para Petrobras (del 5 al 6 de junio) y nueve días para la defensa (del 7 al 20 de junio)", añadió. A partir de esa fecha, estaría en condiciones de dictar sentencia.

Sergio Moro interrogó el miércoles pasado a Lula durante casi cinco horas, en un duelo cara a cara entre el juez que encarna la lucha contra la corrupción sistémica en la política y el presidente más popular de la historia reciente que el miércoles pasado mantuvo en vilo al país.

Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta otros cuatro procesos que ya están en fase de juicio, además de tener varias investigaciones en ciernes, que cubren un amplio abanico de acusaciones como corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias, formación de una organización delictiva y obstruir el trabajo de la justicia.

El fundador del Partido de los Trabajadores niega todos los cargos y denuncia un montaje judicial para inhabilitarlo como candidato para la carrera presidencial de 2018, que lidera holgadamente según las encuestas de intención de votos.

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