Este miércoles se cumple un mes de la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Desde entonces, la oposición, liderada por María Corina Machado, ha convocado a diversas manifestaciones para exigir que el autócrata venezolano acepte su derrota e inicie la transición para que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, asuma la presidencia en enero de 2025.
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De acuerdo con la oposición, la cual pudo recolectar las copias de más del 83% de las actas electorales, González ganó con el 67% de los votos. Para poder obtener las actas, la oposición preparó de forma discreta a grupos de ciudadanos a los que se les denominó "comanditos", para que sean los encargados de velar por la transparencia del conteo de los votos en cada mesa. Machado atribuye a estos grupos que la oposición haya podido recolectar los documentos que ahora están publicados en una web, donde se puede observar la votación de cada mesa.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado las actas electorales de las mesas de votación, como exige la legislación electoral venezolana. Esto generó que la comunidad internacional presione para que se publiquen los documentos electorales.
No obstante, Maduro pretendió judicializar su victoria y solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que audite los resultados.
Sin embargo, la imparcialidad del máximo órgano judicial ha sido cuestionada puesto que es presidido por Caryslia Rodríguez, quien ha ejercido cargos de elección popular tras postular por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Como era de esperarse, el TSJ validó los resultados anunciados por el CNE. Sin embargo, la oposición, al igual que la comunidad, desconocen el veredicto.
Reacción internacional
Diversos Estados ha exigido la publicación de las actas y que estas sean validadas por organismos imparciales. La Unión Europea, a cuya misión electoral se le retiró la invitación para observar el proceso electoral, ha cuestionado las acciones llevadas a cabo por el organismo electoral venezolano. El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, aseguró que "El respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia".
Por su parte, Estados Unidos reconoció a Edmundo González como ganador de los comicios. "Está claro para Estados Unidos y, más importante aún, para el pueblo venezolano que González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio", aseguró el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un comunicado.
A través de un comunicado, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay desconocieron el fallo del TSJ y exigieron que los votos sean auditados de forma imparcial. "Los países que suscriben, reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela", señala el comunicado.
Por su parte, Brasil y Colombia, cuyos gobiernos han sido cercanos a Maduro, también han exigido que publiquen los resultados desglosables. "Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables", señala una declaración conjunta.
Represión y violación de DD. HH.
Un día después del anuncio de los fraudulentos resultados, de forma espontánea miles de venezolanos salieron a protestar. La respuesta del gobierno fue reprimir las manifestaciones, dejando más de una docena de fallecidos.
Asimismo, la oposición ha denunciado el secuestro de opositores y manifestantes, quienes son detenidos en sus casas, sin orden de captura y cuyo paradero, en muchos casos, no es informado a sus familiares. De acuerdo a la ong venezolana 'Foro Penal', al 26 de agosto se reportaron 1780 presos políticos en Venezuela.
Las detenciones y amedrentamientos se han dado a personas cercanas a María Corina Machado y miembros de su partido, Vente Venezuela. El martes, la lideresa opositora denunció la detención de su abogado, Perkins Rocha. Asimismo, este miércoles, se denunció que el opositor Biagio Pilieri y su hijo fueron secuestrados al retirarse de la manifestación convocada por Machado.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Roberta Clarke, denunció este miércoles que en Venezuela se llevan a cabo prácticas que califican como "terrorismo de Estado". En ese sentido, aseguró que se llevan a cabo violaciones de derechos fundamentales, secuestros y detenciones de manifestantes y opositores. "Los órganos de control responden al régimen y son parte de la estrategia represiva del Estado", indicó.
