Mariano Rajoy, expresidente de España. (Foto: EFE)
Mariano Rajoy, expresidente de España. (Foto: EFE)

Redacción PERÚ21

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El expresidente de España, , declara este miércoles como testigo en el proceso a 12 líderes independentistas catalanes. Este momento carga con mucha carga política a dos meses de unas legislativas centradas en buena medida en la cuestión catalana.

El exdirigente conservador, de 63 años, declarará ante el Tribunal Supremo, en Madrid, a partir de las 16:00.

Su comparecencia será "muy importante, porque es la persona que ha estado al frente del Estado" antes, durante y después del intento de secesión de Cataluña en 2017. "Al ser testigo, está obligado a decir la verdad", destaca Paloma Román, politóloga en la Universidad Complutense de Madrid.

"Estamos en precampaña electoral y lo que diga no va dejar a nadie impasible", añade Román, en un momento de fuerte debate sobre Cataluña antes de las legislativas anticipadas del 28 de abril y las municipales, regionales y europeas del 26 de mayo.

Mariano Rajoy dirigió desde diciembre de 2011 y hasta la caída de su gobierno el pasado junio en una moción de censura, motivada por una condena a su formación, el Partido Popular (PP), en un sonado caso de corrupción.

En ese juicio, Rajoy ya tuvo que declarar como testigo en julio de 2017. Aseguró que, pese a haber ocupado cargos en el PP durante tres décadas, no sabía nada de sus finanzas. En la sentencia, la Audiencia Nacional puso en duda la credibilidad de su testimonio.

Citado por Vox

Rajoy acude a declarar citado por el partido de ultraderecha Vox, que ha aprovechado la crisis catalana, entre otras cuestiones, para ganar espacio de manera fulgurante en la escena política. Dicho partido ejerce la acusación popular en el proceso a los separatistas catalanes, gracias a una singularidad del sistema jurídico español.

El expresidente deberá responder primero a una batería de preguntas del representante de Vox, y luego a las cuestiones de las defensas.

La audiencia "puede ser un momento clave y dramático del juicio, en el sentido teatral", cree Joan Botella, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Según él, "Rajoy intentará sacudirse responsabilidades", aunque "deberá responder a la pregunta de por qué nunca se sentó a hablar" con los independentistas.

Rajoy "no hizo política, hizo derecho", matiza Fernando Vallespín, profesor de políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, recordando que "siempre recurría al Tribunal Constitucional para que fuera parando todas las iniciativas de los independentistas".

En toda aquella secuencia, lo que le reprocha la izquierda "es no haber tratado de resolver políticamente el problema", mientras que la derecha "lo que le reprocha es no haber actuado antes" frente a los secesionistas, resume Vallespín.

A menudo, Rajoy fue causado de atizar el independentismo. Entre las elecciones regionales de 2010, antes del inicio de su mandato, y las de diciembre de 2017, los partidos secesionistas pasaron del 10% al 47.5% en Cataluña.

Ya en 2006, entonces en la oposición, se destacó batallando contra el nuevo estatuto de autonomía de la región, que le confería más competencias a Cataluña y la definía como "nación" dentro del Estado español.

El Tribunal Constitucional anuló parcialmente ese estatuto de autonomía en 2012, lo que fue recibido como un agravio por centenas de miles de catalanes que salieron entonces a manifestarse.

La fiscalía pide entre 7 y 25 años de prisión contra los 12 independentistas acusados. Se les juzga por su participación en el intento fracasado de secesión, que tuvo como hitos el referendo ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, salpicado de violencia policial, y la declaración unilateral de secesión del 27 de octubre de ese año.

Aquel mismo día, Rajoy, amparándose en un artículo de la Constitución, cesó al gobierno catalán de Carles Puigdemont, disolvió la cámara regional y convocó elecciones para el 21 de diciembre de 2017. Unos comicios en los que los independentistas volvieron a obtener mayoría de escaños en el Parlamento de Cataluña.

Agencia AFP