Un manifestante ondea una bandera nacional ecuatoriana mientras policías montan guardia en los alrededores de la Asamblea Nacional en Quito.
Un manifestante ondea una bandera nacional ecuatoriana mientras policías montan guardia en los alrededores de la Asamblea Nacional en Quito.

La sede de la Fiscalía vandalizada, refinerías tomadas, protestas violentas, vías y arterias nacionales cerradas e intentos de entrar al Congreso. Los ánimos están caldeados en Ecuador, que cumple dos semanas de protestas lideradas por el movimiento indígena, jornadas violentas que ya se han cobrado la vida de seis personas y decenas de heridos, tanto civiles como policías. Ocurren en varias provincias, pero el epicentro actual es Quito, adonde han llegado miles de manifestantes luego de recorrer varios puntos del país. El Gobierno de Guillermo Lasso sufre así su mayor prueba desde que inició funciones. El diálogo, por ahora, viene entrampado.

RECLAMOS

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), agrupación que lidera las protestas, emitió el primer día del paro indefinido, el pasado 13 de junio, una serie de 10 demandas para ser atendidas con urgencia. Entre los reclamos más resaltantes se encuentran la reducción de los precios de los combustibles, atender el problema del desempleo, regular los precios de los productos del campo y combatir el crimen. Leonidas Iza, el presidente de la Conaie, aseguró que han intentado dialogar con el Gobierno en anteriores ocasiones, pero, al no haber resultados, la actual movilización solo terminará al tener respuestas concretas.

Ecuador se encuentra en una crisis. El costo de los combustibles ha aumentado considerablemente desde 2020. El precio del diésel casi se duplicó, de US$1 a US$1.90 por galón (3.8 litros), y la gasolina aumentó de US$1.75 a US$2.55. En octubre pasado, Lasso aumentó y congeló estos precios, lo que avivó el descontento de sectores como el de los indígenas, quienes superan el millón en un país de 17 millones de habitantes.

La Conaie, que encabeza las protestas, es una agrupación con una larga data de acción política. Fundada en 1986, está conformada por 53 agrupaciones, 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas de Ecuador. Formó parte de las revueltas populares que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, mientras que, en las protestas de 2019 contra el Gobierno de Lenín Moreno, también protagonizó marchas que dejaron 11 muertos y más de 1,000 heridos en todo el país.

Actualmente, tiene como presidente a Leonidas Iza, un ingeniero ambiental y líder indígena. Iza fue arrestado y procesado la semana pasada por presuntos delitos en su rol en las actuales movilizaciones —acusaciones que negó–, pero luego fue puesto en libertad.

Sobre el rol que viene cumpliendo el dirigente indígena, la abogada ecuatoriana Cristina Villagómez recalca que es importante recordar su pasado. “Es una persona que ha tenido muy malas relaciones con la democracia. Recordemos que en 2019 ya hubo un asedio a Quito también protagonizado por él. Tomaron una parte muy neurálgica de la ciudad, que es la Casa de la Cultura, y allí comenzaron a secuestrar a policías. El fin de ese asedio en 2019 fue derrocar al Gobierno de turno”, explica la también comunicadora.

Villagómez considera, además, que Iza no tiene como prioridad buscar el diálogo con el Gobierno. “Está midiendo fuerzas y lo hace como siempre, con violencia. Hay reclamos de los grupos indígenas que tienen mucha lógica, pero somos un país democrático. Lo mínimo que uno podría esperar es que a esos problemas se les atienda con diálogo; sin embargo, Iza no es una persona con intenciones de diálogo y cree que puede usar la violencia como método de acción política”, considera.

La Conaie ha solicitado para sentarse a negociar que se derogue el estado de excepción que rige en varias provincias ecuatorianas y que se desmilitaricen zonas de asistencia humanitaria y la Casa de la Cultura en Quito, lugar tradicional de reunión de las organizaciones indígenas.

El Gobierno ha mostrado predisposición al diálogo (este jueves cedió la Casa de la Cultura); sin embargo, había indicado que las demás condiciones son imposibles de aceptar. No obstante, ayer el presidente Lasso levantó el estado de excepción que regía en las seis provincias más afectadas por las protestas.

LASSO MIDIENDO FUERZAS

En un intento por suavizar las tensiones, Lasso anunció un aumento en el subsidio mensual para las familias más pobres de Ecuador, además de una serie de medidas para aliviar la inflación. Con respecto al precio del combustible, dijo que no habrá aumento del diésel, el gas y la gasolina extra. Sin embargo, esto no ha logrado disminuir las tensiones, por lo que el mandatario ha señalado que lo que en realidad buscan las protestas es atacar a la democracia.

“Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos, quieren botar al presidente”, comentó.

Las Fuerzas Armadas se han sumado a este discurso, indicando que la “democracia está en riesgo” y mostrando su apoyo total al Gobierno.

Por su parte, en una conversación con Infobae, el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Fernando Villavicencio, nombró a un viejo conocido en la política ecuatoriana como el actor detrás de las protestas: el expresidente Rafael Correa.

“Aquí tenemos que diferenciar las dos cosas: una agenda legítima que inspira la movilización del movimiento indígena y una acción terrorista conspiradora liderada por Correa y la Revolución Ciudadana aliada a narcopolíticos”, sostuvo el legislador.

De hecho, el izquierdista Correa, exiliado en Bélgica y sobre quien la justicia ecuatoriana busca que se cumpla una condena de ocho años de cárcel por cohecho, dijo esta semana que, tras las manifestaciones, “quedará un Gobierno en muerte clínica”, por lo que se tendría que “reunir firmas para una revocatoria”. De hecho, su bancada presentó una moción de destitución, calificada por Lasso como de “absoluta irresponsabilidad”. Así, Ecuador entra a su tercera semana de protestas, con la incertidumbre de hasta dónde puede resistir.

TENGA EN CUENTA

  • Al cierre de esta edición, continuaba, en el Congreso, el debate del pedido de destitución del presidente Lasso, presentado por legisladores afines al expresidente Rafael Correa.
  • “Los asambleístas buscan desestabilizar la democracia”, denunció durante el debate el secretario jurídico del presidente, Fabián Pozo.
  • Su destitución requeriría el apoyo de 92 de los 137 legisladores. El propio Lasso puede dejar el poder si disuelve la legislatura y convoca a elecciones (muerte cruzada).

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