El presidente brasileño, Michel Temer , garantizó hoy que, aún si fuera declarado culpable de financiación ilegal de campañas, llegará al final de su mandato, el 1 de enero de 2019, y entregará un país "en orden" y con la economía saneada.
"Si hubiera una sentencia definitiva, será acatada", aseguró en una rueda de prensa en referencia a investigaciones que realiza la justicia electoral sobre la financiación de su campaña del 2014, pero apuntó que todo fallo "puede ser y sería apelado", con lo que un proceso de ese tipo se extendería más allá de enero de 2019.
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Asimismo, sostuvo que no piensa en renunciar, pese a que su nombre aparece mencionado en el escándalo de corrupción de Petrobras. "¿Si voy a renunciar? Confieso que no he pensado en eso", dijo entre risas el mandatario en la residencia oficial de la Presidencia en Brasilia.
Como se recuerda en 2014, Temer fue compañero de fórmula de Dilma Rousseff, quien fue reelegida en esos comicios pero destituida en agosto de este año por unas irregularidades fiscales que dejaron en el poder a su entonces vicepresidente.
En las últimas semanas, la información obtenida por la prensa sobre testimonios dados por antiguos ejecutivos de la constructora Odebrecht que colaboran en la investigación sobre la empresa estatal Petrobras, salpicaron tanto a Temer como a algunos de sus ministros en posibles irregularidades en la campaña de 2014.
Según esos testimonios, aún no hechos públicos en forma oficial pero filtrados a la prensa, el jefe de Estado habría solicitado a Odebrecht unos tres millones de dólares en nombre del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) para la campaña de esa formación, que presidía en la época.
De acuerdo a con lo que dijeron los testigos, ese dinero habría sido entregado en efectivo y en dos partes, una recibida por el actual ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, y otra por José Yunes, un asesor del mandatario que renunció tras conocerse esas supuestas delaciones.
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Por su parte, Temer garantizó que todas las investigaciones en marcha en la justicia "son fundamentales" para el país, pero agregó que "no puede "permitir" que "obstaculicen" la gestión del Gobierno, sobre todo en momentos en que Brasil está hundido en una aguda crisis económica.
Sus "principales objetivos", según reiteró hoy, son "acabar con la recesión", "sanear la economía", "recuperar el crecimiento y la creación de empleo" y entregar en enero de 2019 un país "en orden" y "pacificado".