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El Perú descartó la inmediata extradición de Walter Zuleta y Willy Sánchez, exabogados de Gabriela Zapata, otrora pareja del presidente Evo Morales, quienes pidieron refugio político en Lima, y garantizó su protección mientras se defina su situación migratoria.
"Como solicitantes de refugio tienen preliminarmente una cierta protección. De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, no se les puede poner en frontera en este momento", manifestó a la prensa el embajador peruano en La Paz, Luis Benjamín Chimoy.
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"Cada solicitud de refugio es examinada por una comisión. Ahí se examinarán los elementos para determinar si es viable o no la concesión del refugio", agregó el diplomático peruano.
El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, había solicitado días atrás la entrega de los dos exabogados de Gabriela Zapata para que sean procesados por la justicia boliviana.
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Guerrero argumentó que Perú debía actuar en reciprocidad, pues, en 2015, el régimen de Evo Morales entregó al empresario Martín Belaunde, exasesor de campaña del expresidente Ollanta Humala, acusado de diversas irregularidades en licitaciones de obras públicas.
Recientemente, el gobierno boliviano confirmó que Walter Zuleta y Willy Sánchez, exdefensores legales de Gabriela Zapata, huyeron a Perú, donde solicitaron refugio.
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Para el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Carlos Romero, no corresponde otorgar el refugio político a los mencionados abogados, pues pesan sobre ellos denuncias por un delito común.
Zuleta y Sánchez abandonaron Bolivia a mediados de mayo pasado, acusados de los delitos de trata y tráfico de personas, pues – según la Fiscalía – están involucrados en la suplantación de identidad de un hijo fallecido de Evo Morales y Gabriela Zapata.
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El menor fue presentado por la defensa de Zapata ante un juez de Familia como el presunto hijo de ella con Evo Morales, aunque luego la misma madre confesó que el niño engendrado con el presidente falleció en 2007, a pocos meses de nacer.
La revelación de la relación de Evo Morales con Zapata en febrero remeció a la opinión pública boliviana y le costó al gobernante perder un referéndum, donde buscaba ser validado para postular a un cuarto mandato presidencial (2020-2025).
