Odebrecht pagó gastos de campaña de Juan Manuel Santos en 2014, señala Fiscalía

Odebrecht asumió gastos por al menos 3.6 millones de dólares de las campañas políticas del presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato opositor derechista Óscar Iván Zuluaga en 2014, según informó la Fiscalía General.

El Consejo Nacional Electoral investiga la financiación de la constructora a las dos campañas electorales más importantes que se disputaron en una segunda vuelta la presidencia del Colombia.

"A partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la Fiscalía cuenta hoy con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht, en beneficio de las campañas presidenciales del 2014", declaró en una conferencia de prensa el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

El funcionario aseguró que las evidencias muestran que los pagos se hicieron desde Brasil, mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Sin embargo, un ex congresista preso por acusaciones de recibir un soborno de 4.6 millones de dólares de Odebrecht negó que una parte de ese dinero hubiera ingresado a la campaña de Santos.

De acuerdo con Martínez, Odebrecht pagó 1.6 millones de dólares de la campaña de Zuluaga, el candidato del partido del ex presidente Álvaro Uribe, por los servicios del publicista José Eduardo Cavalcanti De Mendonca.

Asimismo, el fiscal indicó que Odebrecht celebró un contrato de un millón de dólares con una empresa para realizar una encuesta de opinión para lograr que el ex candidato Zuluaga tenga una aproximación con Santos.

El fiscal explicó que con la encuesta, Odebrecht buscaba acercarse al Gobierno para lograr el pago de 100 millones de dólares por la construcción de una carretera, una concesión que la empresa brasileña ganó ofreciendo sobornos.

En la eventualidad de que el Consejo Electoral encuentre pruebas contra las campañas políticas de Santos o de Zuluaga, podría hasta anular la inscripción de los partidos que los apoyaron, lo que en la práctica les impediría presentar candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.